Renunciar no extingue el período

La Corte Constitucional cerró un debate que la Sección Quinta había abierto hace diez años.

Por Renato Contreras Ortega

Qué se decidió

La Sala Plena de la Corte Constitucional mediante Sentencia C-080 del 15 de abril de 2026, con ponencia del Magistrado Miguel Polo Rosero, dentro del Expediente D-16.795, cuyo texto solo fue publicado el pasado 14 de agosto, y con salvamento de voto del Magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño, cuyo texto no ha sido publicado, declaró inexequible la expresión “salvo en los casos en que se haya presentado la renuncia al cargo o dignidad antes de la elección correspondiente”, contenida en el numeral 8 del artículo 280 de la Ley 5.ª de 1992. Y, por unidad normativa, también el inciso segundo del artículo 44 de la Ley 136 de 1994, que ordenaba a los concejales en ejercicio renunciar a su investidura antes de inscribir su candidatura al Congreso.

Con esta decisión, la Corte varió la concepción que al respecto se tuvo durante muchos años: la de que la renuncia era una puerta de salida frente a ciertas restricciones electorales. Quien ocupaba un cargo o curul de elección popular podía separarse de él para aspirar a otra dignidad, bajo el entendido de que, desaparecido el vínculo personal con el cargo o curul, cesaba también el impedimento.

Los efectos de la decisión son hacia el futuro: sólo rige respecto de las elecciones al Congreso de la República posteriores a su comunicación.

Sobre qué

El numeral 8 del artículo 179 de la Constitución prohíbe ser elegido para más de una corporación o cargo público si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente. El artículo 280 de la Ley 5.ª reprodujo esa prohibición al enumerar quiénes no pueden ser elegidos congresistas, pero le añadió una válvula de escape: la inhabilidad no operaba si el aspirante renunciaba antes de la elección.

Toda la discusión gira alrededor de una sola palabra. Si el período es del cargo o curul, transcurre con independencia de quién lo ocupe y la renuncia no lo extingue. Si es de la persona, termina cuando ella se va, y con él la inhabilidad.

La Corte había optado por la segunda lectura en la Sentencia C-093 de 1994, y esa fue durante treinta y dos años la ruta ordinaria por la cual diputados, concejales y ediles llegaban al Congreso sin esperar a que terminara su período.

El camino que empezó en 2016:

Conviene detenerse aquí, porque la decisión de este año no salió de la nada.

La misma pregunta, si el período es del cargo o de la persona, se había planteado antes en el ámbito territorial, a propósito de una norma distinta: los artículos 38.7 y 39 de la Ley 617 de 2000, que prohíben a los alcaldes inscribirse como candidatos a otro cargo de elección popular durante su período y hasta veinticuatro meses después.

El caso fue el de Oneida Rayeth Pinto Pérez, elegida Alcaldesa del municipio de Albania (La Guajira) para el período 2012-2015, quien renunció a tal dignidad el 21 de julio de 2014 y se inscribió el 15 de junio de 2015 como candidata a la Gobernación de La Guajira: once meses y cuatro días después de dimitir, y no los veinticuatro que la ley exige. Resultó elegida.

Mediante sentencia de unificación del 7 de junio de 2016, con ponencia del Consejero Alberto Yepes Barreiro (radicado 11001-03-28-000-2015-00051-00), la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló esa elección y unificó su jurisprudencia. Sostuvo que el vocablo período, para efectos de esa prohibición, “debe ser entendido desde una única perspectiva: la institucional u objetiva”, toda vez que el período no pertenece a la persona elegida sino al cargo. La renuncia termina el ejercicio de las funciones, pero no modifica el lapso establecido por la Constitución. Por ello, quien fue elegido Alcalde no queda habilitado, por el solo hecho de renunciar, para inscribirse inmediatamente como candidato a otra dignidad.

La providencia introdujo, además, una perspectiva particularmente relevante. El examen del régimen electoral no debía efectuarse exclusivamente desde los derechos de quien aspiraba a ser elegido. También debía considerar los derechos del elector y la integridad del mandato popular. La Sección Quinta contrapuso así una comprensión estrictamente pro homine a los principios pro electoratem y pro sufragium.

El elector no confiere únicamente unas funciones. Entrega también un mandato para ser ejercido durante un período determinado. En el caso de alcaldes y gobernadores, ese compromiso comprende, además, el programa de gobierno sometido a consideración de la ciudadanía. Esta concepción reaparece, con fuerza constitucional, en la Sentencia C-080 de 2026.

El razonamiento merece atención, porque es exactamente el mismo que la Corte emplearía diez años después. La Sección Quinta recordó que la Corte Constitucional había sostenido, desde la Sentencia C-011 de 1994, que los períodos de Alcaldes y Gobernadores eran personales; que esa lectura produjo elecciones fuera del calendario electoral y otros trastornos; que por eso el Constituyente derivado aprobó el Acto Legislativo 02 de 2002, y luego los Actos Legislativos 01 de 2003 y 01 de 2009, instituyendo el período institucional para los cargos de elección; y que tales reformas, al cambiar el referente normativo, “implican un cambio del contexto normativo que obligan a reconsiderar los fundamentos de la decisión del juez constitucional”.

Léase de nuevo esa última frase. En 2016 el juez electoral le estaba diciendo al juez constitucional que su interpretación de 1994 había quedado desbordada por la Constitución reformada, y que correspondía revisarla.

Durante los años siguientes la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sostuvo, sin embargo, que esas razones no eran trasladables a la inhabilidad por coincidencia de períodos de los congresistas. De modo que el ordenamiento quedó partido en dos: para Alcaldes y Gobernadores el período era institucional y la renuncia no salvaba; para quienes aspiraban al Congreso seguía siendo personal y la renuncia sí.

Esa asimetría es la que la Sentencia C-080 de 2026 vino a cerrar.

Qué cambia

La Corte encontró que el artículo 6.º del Acto Legislativo 01 de 2003, que adicionó un parágrafo al artículo 125 de la Constitución para establecer que los períodos de los cargos o curules de elección son institucionales, modificó el parámetro con el que se juzgó la norma en 1994. Enervada así la cosa juzgada, pudo pronunciarse de nuevo.

Y concluyó lo que la Sección Quinta venía sosteniendo: si el período es institucional, no se agota con la salida de quien lo ocupa, y la renuncia no extingue ni el período ni la inhabilidad que de él se deriva. Añadió una razón de fondo: la definición institucional del período asegura que el mandato conferido por el electorado se ejerza en las condiciones temporales bajo las cuales fue otorgado, de suerte que autorizar la renuncia equivalía a permitir “una forma de abandonar, sin consecuencias, el deber de representar a quienes han impuesto el mandato”.

La regla que resulta es sencilla de enunciar: mientras transcurra el período de un cargo o curul de elección popular, quien lo ocupa o lo ha ocupado no puede ser elegido para otra corporación o cargo cuyo período coincida.

A quién le importa

Conviene distinguir dos situaciones que suelen confundirse.

No afecta a los actuales concejales, diputados y ediles que aspiren a una Alcaldía o Gobernación en las elecciones territoriales de octubre de 2027. Las dos normas anuladas regulan el acceso al Congreso —el artículo 280 de la Ley 5.ª encabeza precisamente con “No podrán ser elegidos Congresistas”, y el artículo 44 de la Ley 136 se refería a los concejales “que aspiren a ser congresistas”—, y la parte resolutiva limita los efectos a las elecciones al Congreso.

La razón es sencilla: sus períodos terminan el 31 de diciembre de 2027, y los de los Alcaldes, Gobernadores, Concejales y Diputados que se elijan en octubre de ese año comenzarán el 1.º de enero de 2028. No existe, por tanto, coincidencia temporal.

Sí afecta a quienes resulten elegidos en octubre de 2027. El período territorial 2028-2031 se superpone con el legislativo 2030-2034 durante año y medio. En consecuencia, quien gane un Concejo, una Asamblea, una Alcaldía o una Gobernación en octubre de 2027 queda excluido de las elecciones al Congreso de marzo de 2030, sin posibilidad de habilitarse renunciando.

Es una decisión que habrá que tomar en catorce meses. Quien aspire a la Cámara o al Senado en 2030 debe abstenerse de inscribirse el año entrante.

Y los congresistas que aspiren a Alcaldías y Gobernaciones

Queda una cuestión que la sentencia no aborda de manera expresa y que conviene resolver, porque su interés práctico es inmediato: la de los actuales congresistas, elegidos para el período 2026-2030, que aspiren a una Gobernación o a una Alcaldía en octubre de 2027, cargos cuyo período 2028-2031 se superpone con el suyo durante dos años.

Podría objetarse que ni la Ley 136 de 1994, en el capítulo de los Alcaldes, ni la Ley 2200 de 2022, en el de los gobernadores, contemplan la coincidencia de períodos entre las inhabilidades para acceder a esas dignidades; que tales catálogos son taxativos; y que las inhabilidades, por restringir el derecho fundamental a ser elegido, se interpretan restrictivamente y no admiten aplicación analógica. Quien defienda esa lectura dirá que extender a las elecciones territoriales una regla construida a propósito del acceso al Congreso equivale a crear una inhabilidad que el legislador no estableció.

La objeción es seria y el principio que invoca es correcto. Sucede, sin embargo, que descansa, en mi opinión, sobre una premisa equivocada: la de que la prohibición tendría que estar prevista en el régimen del cargo al que se aspira.

La inelegibilidad simultánea no opera sobre el cargo de destino sino sobre la dignidad de origen. 

El numeral 8 del artículo 179 de la Constitución dispone que “nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, ni para una corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente”. La prohibición pesa sobre quien ya ocupa una curul o un cargo, y le impide ser elegido para otro cuyo período se superponga, con independencia de cuál sea ese otro y de lo que diga el régimen que lo gobierna.

Considero, por ello, que la norma no necesita repetirse en el capítulo de las alcaldías ni en el de las gobernaciones. Basta que rija para el congresista, y para él rige por mandato constitucional directo.

El propio ordenamiento lo confirma en las siguientes dos disposiciones. Primero en el artículo 44 de la Ley 136 de 1994, en el capítulo de los concejales, y el artículo 53 de la Ley 2200 de 2022, en el de los diputados, reproducen ambos, casi literalmente, el texto del artículo 179.8. Y el primero lo hace con la fórmula completa, comprensiva de quien pasa “de una corporación a un cargo”. Vale decir: el legislador situó la prohibición en el régimen de quien ostenta la curul, no en el de la dignidad a la que aspira.

Conviene anotar que fue precisamente el inciso segundo de ese artículo 44 (el que ordenaba a los concejales renunciar antes de inscribirse como candidatos al Congreso) el que la Sentencia C-080 declaró inexequible por unidad normativa. La Corte se ocupó, pues, de esa norma, lo que confirma que la trataba como desarrollo del artículo 179.8.

Que no la haya reproducido en los capítulos de alcaldes y gobernadores no significa, en mi parecer, que allí no rija. Significa que no hacía falta, porque la inelegibilidad se predica del elegido y no del cargo vacante. Y respecto de los congresistas la fuente es la propia Constitución, cuya aplicación no depende de que una ley la reitere.

A ello se agrega que la Corte reconoció a esa prohibición vocación universal desde 1994. En la Sentencia C-093 de ese año destacó que la norma “utiliza la expresión ‘nadie podrá’, para cobijar en la mencionada prohibición a todos los ciudadanos”, y en la C-145, del mismo año, precisó que “la inhabilidad establecida por la norma constitucional es general y no exclusiva para los congresistas: es aplicable a todos los cargos electivos”. La Sentencia C-080 de 2026 lo reitera al advertir que la expresión “respectivos períodos” del artículo 179.8 “tiene una vocación de aplicación universal”, y al señalar que la regla en que se funda su decisión “debe ser considerada, en su aplicación, a todos los ámbitos en que ella pueda ser relevante”.

Queda un último reparo, y es el más atendible: que la parte resolutiva de la C-080 limitó los efectos de la decisión a las elecciones al Congreso posteriores a su comunicación. La objeción tiene peso, pero alcanza únicamente a la declaratoria de inexequibilidad de las dos disposiciones legales anuladas (que, según se vio, regulan el acceso al Congreso) y no a la lectura constitucional que la sustenta.

Sostengo, por lo anterior, que el congresista que renuncie para aspirar a una Gobernación o a una Alcaldía en octubre de 2027 no queda habilitado por esa renuncia. No lo presento como incontrovertible: ningún tribunal se ha pronunciado sobre el supuesto concreto y la modulación de efectos ofrece argumento a quien discrepe.

Lo que sí puede afirmarse sin reserva es lo práctico. Quien decida intentarlo expone su elección a una demanda de nulidad con fundamento sólido, ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, que desde su unificación de 2016 viene sosteniendo que el período pertenece al cargo y no a la persona. Frente a un riesgo de esa magnitud, la prudencia aconseja no contar con la renuncia como salida.

(*) El autor fue Magistrado del Consejo Nacional Electoral (2018-2022) y jefe de la Oficina Jurídica y secretario general (e) de la Registraduría Nacional del Estado Civil (2023-2026).

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