Aumento de transferencias: golpe regional al centralismo

Lograron aumentarlas del 24% al 39,5%.

Esta vez fueron las regiones las que se pararon firmes en el ring y defendiendo a capa y espada sus justificados derechos, lograron asestar un duro golpe al centralismo con el aumento de las transferencias a través del Sistema General de Participaciones (SGP).

Por eso, lo que pudiera considerarse como una utopía el pasar del 24% actual al 46.5%, finalmente se pudo concertar en un 39.5%, en un período de 12 años de transición.

Es decir, un aumento porcentual de 17% con respecto a lo actual y 7% menos que lo solicitado.

Sin lugar a dudas se trata de un valioso triunfo frente a un centralismo que maneja a su antojo todo lo relacionado con las transferencias a los diferentes territorios.

En adelante, todo queda supeditado a la implementación de una Ley de Función de Competencias, que debe ser tramitada en el término de los próximos 2 años.

Beneficios de lo aprobado

Según lo aprobado se obtendrían los siguientes beneficios:

– Reducción en gran medida de la desigualdad territorial entre algunas regiones del país.

– Fortalecimiento de la autonomía territorial que se vió afectada por algunos Actos Legislativos como el 01 de 2001(Reforma al SGP) y el 04 de 2007(Reforma al SGP) afectando las participaciones de las entidades territoriales en los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN) que ya había sido establecido por la Constitución de 1991, reduciendo el porcentaje de su participación.

– Redefinición de la distribución de competencias y recursos entre el Gobierno central y las entidades territoriales.

– Aumenta la autonomía de las entidades territoriales en la definición del gasto financiado con los recursos del SGP, así este no operaría con una camisa de fuerza sobre las decisiones de los gastos territoriales.

Las implicaciones

Esta reforma tendría las siguientes implicaciones:

– Se modifica el artículo 356 de la C.P. Cambia en la adición de parágrafos, el primero establece que Medellín es un Distrito Especial, los que tengan esta categoría, no estarán obligados a efectuar ajustes administrativos que aumenten sus costos.

– La Ley debe cumplir con objetivos para definir la distribución de competencias y recursos entre el gobierno central y las entidades territoriales 

– Debe definir los mecanismos de gradualidad, diferenciación territorial y acompañamiento técnico que operarán en el régimen de transición.

– Deberá establecer el modelo de gobierno abierto a las entidades territoriales para asegurar la transparencia del manejo y gestión de los recursos del SGP.

– Debe definir los mecanismos idóneos del control de gasto, financiado con recursos del SGP, que no podrán ser del mismo nivel que departamentos, distritos y municipios.

– El Gobierno Nacional debe definir estrategias de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto ejecutado por las entidades territoriales con recursos del SGP para asegurar las metas de cobertura y seguridad.

– Se debe modificar el artículo 357 de la Constitución Política. El cambio consiste en la eliminación del parágrafo 4° del artículo original

– Se adiciona un parágrafo en el artículo que establece un periodo de transición hasta el año 2034.

Cómo ha sido la evolución

Las cifras indican que en 2023, el Gobierno Nacional transfirió cerca de 56 billones de pesos a las entidades territoriales, a través del SGP. En 2024, esa cifra alcanzaría, según proyecciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público los 67 billones de pesos.

De no haber sido aprobadas las reformas constitucionales de 2001 y 2007, el valor transferido en 2023 hubiera sido de $123 billones y en 2024 de aproximadamente $142 billones (según las proyecciones).

Las pérdidas acumuladas

Igualmente, la pérdida acumulada a 2022 superaba los $338 billones. En 2023, se espera que supere los $400 billones. Esto es, los recursos que han dejado de recibir las entidades territoriales por las reformas constitucionales de 2001 y 2007, que introdujeron cambios en la fórmula utilizada para calcular las transferencias al SGP.

Conceptos positivos y riesgos

La iniciativa cuenta con el respaldo de Asocapitales, Fecode, Fedemunicipios, Fededepartamentos, Asointermedias y Ministerio del interior 

Sin embargo, también se advierten los siguientes riesgos para tener en cuenta en la discusión final.

– Un esquema sin competencias definidas claras entre el gobierno central y las entidades territoriales de todo el país. Debe estar supeditado a la implementación de la ley a competencias claras.

– Duplicar las transferencias que reciben las entidades territoriales del gobierno nacional a través del SGP, que son utilizados principalmente para financiar la salud, educación, agua potable y saneamiento básico

– La duplicación de recursos necesitaría un esfuerzo de más de 60 billones de pesos anuales, un rubro que supera el pago de las pensiones para el 2025 que está alrededor de 53 billones y es superior a todo el presupuesto de inversión del Gobierno Nacional que sería de 44 billones para 2025.

– El Acto Administrativo hace insostenible las finanzas de Colombia y podría poner el riesgo el pago de pensiones, pago de la defensa y seguridad nacional y generaría además una crisis fiscal y económica inmediata que encarece el costo de la deuda a deuda de la nación, aumentaría el desempleo y la caída de la actividad económica.

Por su parte, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF)

considera que la propuesta, generaría una presión de gasto insostenible para el Gobierno Nacional Central aumentando su déficit y deuda de manera significativa, y poniendo en riesgo el cumplimiento de la regla fiscal a mediano plazo.

Además, el proyecto no contempla las capacidades territoriales que se requieren para ejecutar los mayores recursos ni las necesidades de financiación de los sectores.

Igualmente, no considera las fuentes adicionales de SGP que concurren en la financiación de los sectores como educación, salud, agua potable y saneamiento básico.

“En el actual modelo del SGP protege el financiamiento territorial ante las caídas del recaudo nacional. La reforma propuesta eliminaría esta protección. El CARF considera que la propuesta para el SGP es inviable físicamente, generaría un déficit fiscal creciente y un aumento insostenible de la deuda del GNC, inclusive por encima de su nivel límite, impidiendo la financiación sostenida de funciones esenciales del Estado”, señala finalmente.