Cumpliendo su promesa de campaña en el sentido de evitar el despilfarro y orientar los recursos públicos hacia las verdaderas necesidades de los colombianos, el Gobierno Nacional confirmó el drástico recorte presupuestal que para la vigencia 2027 tendrá la cuestionada e inoperante Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El Ministro de Hacienda, Miguel Gómez, advirtió que la JEP se ha vuelto un fortín burocrático, es una entidad con mínimo rendimiento y el país lo conoce: sólo cuatro fallos, el primero de ellos vino a proferirse en septiembre de 2025.
Añadió que se han definido 46 situaciones jurídicas de los 9.700 exintegrantes de las FARC que están sometidos a su jurisdicción, menos del 0,5%.
Pero eso sí, 1.456 funcionarios de planta, léase bien, por 248 mil millones de pesos al año y 1.218 contratistas a través de OPS, por un costo de 62 mil millones de pesos, para un costo anual de $310.000 millones, sin incluir otras arandelas.
Expresó que ante ello, “lo que estamos proponiendo justamente es que se recorte el gasto en los contratos de prestación de servicios (OPS), que representan cerca de $62.000 millones en 2026”.
A tres de su cuenta en X, el Ministro Gómez Martínez señaló que las tres salas de la JEP ya concluyeron su misión, representan cerca del 50% del costo de estos 800 mil millones de pesos o más que pide la Jurisdicción Especial para el 2027.
Entonces, la decisión es contundente: “Se acabó la teta a la impunidad: ¡100 mil millones de la JEP a la justicia de la gente!”.
Para ello fueron radicadas dos proposiciones determinantes al Presupuesto 2027. De aceptarlas el Congreso “le quita 100 mil millones de pesos al funcionamiento del esperpento de la JEP y se los trasladamos directamente al Consejo Superior de la Judicatura. Cero costo adicional para el país, pero una transformación real para los ciudadanos”.
Expresó que mientras la JEP funciona como un fortín burocrático e ineficiente, la justicia ordinaria colapsa con un inventario de 2,2 millones de procesos represados, disparados por el tsunami de tutelas tras el derrumbe del sistema de salud.
“Con lo que pretende consumir la JEP, en dos años resolvemos el déficit de jueces en Colombia”, puntualizó
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