La Corte Suprema redujo la pena al exgerente Ramón Navarro Pereira como responsable de la multimillonaria defraudación.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia disminuyó la pena que, en fallo de segunda instancia, el Tribunal Superior de Barranquilla le había impuesto al exgerente de la empresa Triple A, Ramón Navarro Pereira como responsable de una multimillonaria defraudación en dicha empresa, por el orden de los 27.879 millones 761 mil 912 pesos.
La decisión fue adoptada al resolver el recurso de casación interpuesto por el defensor de Ramón Navarro Pereira en contra del fallo proferido el 22 de octubre de 2020 por el Tribunal Superior de Barranquilla, que confirmó, con varias modificaciones, la condena emitida el 7 de septiembre de ese mismo año por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, falsedad en documento privado y administración desleal.
El caso se remonta a los años 2012 a 2015, cuando Ramón Navarro Pereira, en su calidad de Gerente de la empresa Triple A S.A. E.S.P., en abuso de sus funciones y en asocio con otras personas, se apropió en beneficio propio y de terceros de $27.879.761.912.
Para esos efectos, creó 54 órdenes de pedido ficticias y cuatro contratos de consultoría simulados, “cuyo objeto era el estudio de viabilidad normativa para la aplicación de un mercado regional con base en la Resolución CRA 628 de 2013”.
Esos gastos se acreditaron como “operaciones normales de la empresa Triple A S.A. E.S.P.”, registradas en los libros de contabilidad, declaración de renta de los respectivos años y en cálculos para cancelar dividendos a los asociados de Inassa S.A., socios particulares y al Distrito de Barranquilla, así como también los porcentajes por regalías.
Los dineros obtenidos con las órdenes ficticias fueron transferidos de Triple A S.A. E.S.P. a la empresa Recaudos y Tributos, entidad del Grupo Inassa S.A., de donde fueron finalmente extraídos a través de diversos proveedores, quienes tenían a su cargo hacer los respectivos retiros bancarios.
La Corte Suprema llamó la atención sobre el hecho de que aunque el monto de las defraudaciones ascendió a $27.879.761.912, solo se reintegraron $900.000.000, lo que constituye un porcentaje significativamente bajo (3.33%) aproximadamente.
Con el agravante que no se tiene noticia de que el procesado haya colaborado para el juzgamiento de otros partícipes.
En consecuencia, con el fallo de Casación la condena de Ramón Navarro Pereira se reduce de 190 meses (sentenciada por el Tribunal) a 127 meses + 9 días. La multa también disminuye de 50.000 (Tribunal) a 33.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Mientras que la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas se mantiene en 55 meses “ya que el Tribunal cometió el error de no incrementarla, lo que ahora tampoco puede hacer la Corte en garantía de la prohibición de reforma peyorativa, porque el procesado es impugnante único”.
Finalmente, la Sala de Casación hizo “un respetuoso llamado a la Fiscalía, para que use las múltiples herramientas que le otorga el ordenamiento jurídico, en orden a recuperar los recursos obtenidos por el procesado y/o por terceros, a raíz de las conductas punibles incluidas en la condena”.
Foto: Google Maps
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