Además del fallo que acabó con el abuso mensual, las acciones también deben dirigirse a determinar responsabilidades y sancionar a los promotores de la fórmula que castigó a los usuarios con tarifas impagables. Es un triunfo de la gente costeña, lo de Petro quedó en puras promesas.
Definitivamente hubo necesidad de recurrir a las acciones judiciales para lograr un poco de justicia en el tema de los componentes de aplicación exclusivamente para la Región Caribe en las tarifas de energía.
Las promesas electorales del ahora Presidente Gustavo Petro quedaron en eso. Llegó a la Casa de Nariño, quizás con muchos votos de la gente que creyó en su promesa de reformular el cobro tarifario, pero no pasó nada. Una cosa es la afanosa búsqueda de votos, y otra la de responderle al electorado. Aquí nuevamente pasó lo primero, porque lo otro se fue al saco roto. Nada cambió.
Entonces, ante el cúmulo de quejas diarias tres Personeros de la Región se dieron la ‘pela’ por el tema y decidieron recurrir a una Acción Popular, con el propósito de tumbar, por la vía de lo contencioso administrativo, los actos implementados por el Gobierno para el excesivo costo de las tarifas de energía en el Caribe colombiano.
Fueron ellos los Personeros de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha, quienes finalmente lograron el propósito con el apoyo de los diferentes estamentos de la Región.
En efecto, en cumplimiento de la Acción Popular que el Tribunal Administrativo del Atlántico les concedió a los Personeros de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) aprobó en su Sesión 1388 del 30 de mayo la reformulación de manera definitiva del componente de comercialización, decisión que disminuirá, en términos estimados, en $54 por kilovatios/hora el valor del consumo mensual que Aire les cobra a 2.7 millones de usuarios.
Esto deja sin efecto, en la práctica, el régimen transitorio especial creado en 2019, teniendo en cuenta que, en cumplimiento de la Acción Popular, la CREG tumbó los cobros como el del 20% de los gastos de Administración Operación y Mantenimiento (AOM) y el de las pérdidas no técnicas, o robo de energía, equivalente a $90 kWh, entre otras medidas.
Es de recordar que desde 2022, en el Gobierno del Presidente Iván Duque, las tarifas de energía comenzaron a subir de manera imparable y golpearon, mes tras mes, el bolsillo de los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Esta situación iba en contra de las comunidades al no tener la posibilidad de acceder a un servicio público esencial, violatorio a un derecho colectivo, por lo que los Personeros Miguel Ángel Alzate, Edward Orozco y Yeison Deluque Guerra presentaron la Acción Popular.
$396 mil millones dejarían de pagar
En consecuencia, atendiendo el fallo, la CREG, tras un prolongado y profundo análisis, reformuló el cargo de la comercialización que permite disminuir, aproximadamente, el 20% que se cobra para el país y elimina el 20% adicional que se le cobraba a la Costa. También eliminaría los 300 puntos básicos de cartera que conforman esa fórmula técnica para el Caribe.
De acuerdo con los cálculos de la CREG, por esta decisión los usuarios de Air-e dejarán de pagar al año $282.000 millones, aproximadamente.
Los efectos de la Acción Popular del Tribunal del Atlántico favorecerán también a los clientes de Afinia, en Córdoba, Cesar, Sucre y Bolívar, que por el componente de comercialización no pagarán al año $114.000 millones, aproximadamente. A ellos se les reducirá en $23/kilovatios hora la factura mensual.
Esta decisión también tiene un alcance nacional. La reformulación del componente de comercialización les permitirá a todos los usuarios del país ahorrarse un billón de pesos, aproximadamente, al año en el servicio de energía eléctrica.
Otros alcances del fallo
En cumplimiento de la reducción de las tarifas eléctricas, como lo ordenó el Magistrado Jorge Fandiño Gallo en su decisión en favor de los tres Personeros, además de reformular la comercialización como última medida, también:
– Flexibilizó las inversiones de los operadores de red que hayan cumplido las metas de calidad del servicio, con el propósito de reducir los incrementos tarifarios a los usuarios.
– Convocó subastas de reconfiguración de compra de Obligaciones de Energía Firme para los períodos 2025-2026, 2026-2027 y 2027-2028.
– Definió los nuevos precios de escasez del Cargo por Confiabilidad, dictó disposiciones para las compras de energía eléctrica al mercado regulado por parte de los prestadores del servicio sobre los cuales se ha ordenado toma de posesión por parte de la Superintendencia de Servicios Púbicos.
– Facilitó la entrega de excedentes de energía por parte de los autogeneradores y aquellos otros generadores con disponibilidad de energía, con el objetivo de aumentar la oferta de energía en el mercado.
– Flexibilizó las reglas para los contratos de largo plazo con destino a la demanda regulada donde se busca aumentar la contratación de energía para reducir las compras en la bolsa de energía que realizan los comercializadores, entre otras medidas.
“Les cumplimos a la gente del Caribe. Con esta decisión se acaban los abusos mensuales a los que estaban sometidos con las impagables tarifas de energía eléctrica”, expresaron los Personeros Miguel Ángel Alzate, de Barranquilla, y Edwar Orozco, de Santa Marta.
Destacaron que el nuevo acto administrativo, que ya surte su trámite para quedar en firme, “representa en la práctica la eliminación del régimen transitorio especial creado sólo para la Costa y que ha tenido consecuencias sociales, económicas y productivas adversas para nuestra región”.
Los Personeros de Barranquilla y Santa Marta agradecieron el acompañamiento que durante esta lucha recibieron de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos, del Consultorio Jurídico de la Universidad del Norte, de la Asociación Colombiana de Ingenieros seccional Atlántico, del Comité Intergremial del Atlántico, los congresistas costeños, los Alcaldes, y de profesionales expertos en temas eléctricos.
“Fue un importante ejercicio de unión en favor de toda la Costa”, destacaron.
Lo que viene ahora
El reto que queda ahora es que el Gobierno Nacional garantice la prestación del servicio de energía ante la crisis financiera de Air-e.
Además, los entes de control deben intervenir con la mayor rigurosidad posible para establecer qué se hicieron los recursos recaudados, porque en inversiones no se ven reflejados tal como lo sigue mostrando el pésimo servicio de energía en la Región Caribe.
Este llamado va dirigido a la Fiscalía (en lo penal), Procuraduría (en lo disciplinario) y la Contraloría (en lo fiscal), quienes también deben extender sus acciones al Ministerio de Energía y a la Superservicios, que han sido incapaces e ineficientes frente a la grave problemática de la que han sido víctimas 1 millón 320 mil 912 usuarios a cargo de Air-e en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira, a los que habría que sumar el millón 620 mil 064 usuarios atendidos por Afinia en Cesar, Bolívar, Córdoba y Sucre.
Ojalá el tema no termine, como muchos otros, en los anaqueles.
Foto: Comunicaciones Personería de Barranquilla
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