¿Quién interviene al Interventor de la ESE Universitaria del Atlántico?

Graves denuncias rodean al actual Interventor de la entidad, Santiago Arboleda Ochoa.

Las intervenciones del Gobierno del Cambio, en cabeza de Gustavo Francisco Petro Urrego, en el sistema de salud, sigue dejando muchas dudas acerca de la eficiencia y eficacia de dichas decisiones.

Si lo que pretendían era reorganizar el sistema para mejorar la prestación de los servicios a los usuarios, el resultado fue todo lo contrario porque el fracaso fue total. La situación la dejaron más caótica de lo que estaba.

Si lo que pretendían era reorganizar las finanzas, peor aún.

Y si lo que pretendían era “combatir la corrupción”, los procesos de intervención han develado mucha corruptela y prácticas mañosas que aparentemente se buscaba frenar.

Ninguna región ha sido ajena a este oscuro panorama de manejo de los recursos de la salud bajo procesos de intervención.

Y Barranquilla no ha sido ajena. Un hecho concreto es el relacionado con la ESE Universitaria del Atlántico UNA, al frente de la cual se encuentra Santiago Andrés Arboleda Ochoa, en calidad de Interventor, cargo por el cual han han pasado 4 Agentes especiales desde que el Gobierno de Petro decidió su intervención el 19 de agosto de 2025.  

Es decir, la ESE Universitaria del Atlántico UNA ostenta el mediocre récord de 1 Interventor cada 3 meses, tiempo durante el cual sólo se escuchan quejas por sobrecostos, incumplimiento de pagos a proveedores y contratistas, contratación de talento humano con un sindicato de Medellín con costos exorbitantes, pagos exiguos de obligaciones pendientes, entre muchas otras situaciones anómalas.

En medio de esta maraña administrativa, también figuran graves denuncias que ya han sido puestas en conocimiento de los entes de control (Procuraduría, Fiscalía y Contraloría General de la República).

Presiones, amenazas e intimidaciones

Una de las denuncias fue interpuesta por la apoderada judicial de la sociedad Biotech Work S.A.S., en contra de Santiago Andrés Arboleda Ochoa, por actuaciones que, por su secuencia temporal, contenido y contexto, ”ameritan ser examinadas penalmente para determinar si bajo la apariencia del ejercicio de facultades de interventoría, supervisión y control contractual se utilizaron dichas funciones para presionar, intimidar y doblegar la voluntad del contratista, forzar la terminación del contrato y eventualmente desconocer obligaciones económicas pendientes a favor de Biotech Works S.A.S.”.

Los hechos se relacionan con la ejecución del contrato 1245-2026 suscrito el 1o. de abril de este año, pactado hasta el 31 de diciembre de 2026, por valor de $1.266.750.000.

El objeto de este contrato es el mantenimiento preventivo y correctivo, diagnóstico, instalación, verificación y capacitación sobre equipos biomédicos, redes y sistemas de gases medicinales, de esterilización y equipos de uso hospitalario, con suministro de repuestos, insumos y accesorios.

En esencia, se trata de actividades directamente relacionadas con la operación hospitalaria y con la continuidad  y seguridad de la prestación del servicio de salud.

Según los denunciantes, el objeto contractual se ha ejecutado ejecutadas en las condiciones y términos pactados, lo cual, a su vez, ha generado una deuda por parte de la ESE Universitaria del Atlántico UNA, por $810.544.000, suma derivada de los servicios y actividades ejecutadas y pendientes de pago.

Presión para entregar contrato

Durante la ejecución contractual fue remitido a Biotech Work S.A.S. un documento denominado “terminación anticipada por mutuo acuerdo”. En él se señala que “la terminación constituye una manifestación libre, expresa e informada de las partes y que no implica, por sí sola, una declaratoria de incumplimento ni  imposición de sanción.

Sin embargo, advierten que las circunstancias posteriores generan una contradicción que debe ser esclarecida”.

En efecto, mientras formalmente se pretendía presentar la terminación como una expresión voluntaria de las partes, el representante legal de Biotech Work S.A.S recibió posteriormente una comunicación en la cual el Interventor, Santiago Arboleda Ochoa, manifestó que el contrato sería retirado independientemente de la voluntad del contratista..

Por ello, instan a la Fiscalía para establecer si existió verdaderamente consentimiento libre para la terminación o si se pretendió obtener una apariencia documental de “mutuo acuerdo” mediante intimidación y presión.

A lo anterior se suma una comunicación electrónica del 31 de agosto de 2026, por parte de los responsables de la supervisión o interventoría en la que requieren a Biotech Work S.A.S., con respecto a las actividades programadas dentro del contrato 1245-2026, mismas que no se han podido realizar por falta de recursos económicos por el incumplimiento absoluto de la ESE Universitaria del Atlántico UNA, en cabeza de su Interventor, Santiago Arboleda Ochoa.

“Le quito el contrato a las buenas o a las malas”

Además, el 1 de septiembre le fue remitida al contratista otra comunicación por un supuesto incumplimiento del contrato 277-2026, “circunstancia que revista especial importancia por cuanto el contrato respecto del cual se presentaba la situación de terminación anticipada corresponde al contrato 1245-2026”.

La cereza del pastel se dio el 2 de septiembre cuando aproximadamente a las 2 de la tarde el Interventor  y/o encargado de funciones de seguimiento y control contractual, Santiago Andrés Arboleda Ochoa, realizó una llamada telefónica al Representante Legal, Gabriel Lorenzo Jaimes Rico.

En esta conversación Arboleda Ochoa le habría exigido que entregara o cediera el contrato 1245-2026, manifestándole que debía hacerlo “a las buenas o a las malas”.

En la misma conversación, según lo manifestado por el Representante Legal de Biotech Works S.A.S., Santiago Andrés Árboleda Ochоа, habría expresado:

«Le guste o no le quito el contrato y no le voy a pagar lo que le debo».

Cadena de delitos

Para el denunciante, la expresión reviste particular importancia por cuanto relacionaría directamente tres circunstancias:

– La intención de retirar o terminar el contrato.

– La negativa de reconocer o pagar una obligación $810.544.000.

– La imposición de una decisión al contratista mediante una manifestación de autoridad o poder funcional.

“La conducta descrita deberá ser analizada a la luz del artículo 182 del Código Penal, que sanciona a quien, fuera de los casos especialmente previstos como delito, constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa. En el presente caso, la investigación deberá determinar si las expresiones «a las buenas o a las malas» y «le guste o no le quito el contrato», apreciadas conjuntamente con la existencia de una acreencia aproximada de $810.544.000 y con la posición funcional del interlocutor, constituyeron un mecanismo objetivamente idóneo para doblegar la voluntad del Representante Legal de Biotech Works S.A.S. El objeto de la presión habría consistido en conseguir que el contratista entregara o aceptara la terminación del Contrato No. 1245-2026, independientemente de su voluntad”, precisan los denunciantes.

En la denuncia piden investigar la posible comisión de delitos como prevaricato por acción, constreñimiento ilegal, amenazas, peculado y demás conductas punibles que resulten procedentes.