La Cámara de Comercio fue la sede macabra para darle un multimillonario zarpazo al Estado y los atlanticenses. Y ahora con Veeduría Ciudadana pretenden tapar las embarradas de ellos mismos. ¿Qué es lo que buscan?
Al cumplirse el primer año de haber reasumido la Aeronáutica Civil el manejo del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, crecen los interrogantes sobre el oscuro manejo que el sector gremial del Atlántico ha tenido tanto en el anterior proceso como en la actual concesión en liquidación.
Y es que para nadie no es ningún secreto que la Cámara de Comercio de Barranquilla sirvió de sede macabra para planear un verdadero ‘zarpazo’ al Estado, hundiendo con ello la posibilidad de contar con un aeropuerto amplio, modernizado y prestando servicios eficientes y eficaces a pasajeros nacionales e internacionales.
Por lo menos, llegar a la meta de una terminal aérea acorde con las necesidades de la Región Caribe, era lo disponía un segundo contrato suscrito bajo la modalidad APP 003 del 5 de marzo de 2015: realizar la administración, operación, mantenimiento, explotación comercial, adecuación, modernización y reversión tanto del lado aire como del lado tierra del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz que sirve a la ciudad de Barranquilla.
Dicho contrato fue suscrito con el Grupo Aeropuerto del Caribe S.A.S., integrado por Valorcon S.A. (41.50%), Equipo Universal S.A. (41.50) e Inversiones Milenium Azcipo S.A.S. (17%), con un valor inicial de 610.153 millones 107 mil 609 pesos.
Mientras que la interventoría fue adjudicada al Consorcio Interaeropuertos S.A.S., integrado por Inzett S.A.S. (51%), GNG Ingeniería S.A.S. (25%) y J. Felipe Ardila V. & Cía S.A.S. (24%). por un valor inicial de 19.171 millones 665 mil 576 pesos, que luego se transformó en un aumento de 28.756 millones 814 mil 514 pesos.
Y lo que los gremios vendían como la mejor solución, se convirtió en toda una tragedia para los usuarios, tanto que muchos preferían desembarcar en Cartagena o Santa Marta y llegar por tierra a Barranquilla, antes de someterse a la tortura del Ernesto Cortissoz.
En otros términos, la concesión les quedó grande (tanto esta como la anterior), no pudieron con el encargo y recurrieron a un Tribunal de Arbitramento para dar por terminada la concesión de manera anticipada, como en efecto lo lograron.
Se repitió la historia
Así las cosas, los gremios dejaron colgados a unos ansiosos usuarios que esperaban un Ernesto Cortissoz con todas las de la ley.
Con este nuevo disfraz de concesión el resultado no podría ser otro que el de un gran fracaso. Es que no pudieron en la primera y menos en la segunda concesión.
Tal cual ocurrió con la concesión inicialmente entregada a Aeropuertos del Caribe S.A. -Acsa-, en la que la Cámara de Comercio jugó un papel clave, como accionista, pero sin las ejecuciones se materializaran como estaban previstas.
Por el contrario. La Aerocivil le entregó a los gremios $25 mil millones para adecuaciones en la pista y otras reparaciones, sin que ese billete fuese invertido.
Tanto así que la Aerocivil ha recurrido a un proceso de cobro coactivo, mediante Resolución 06792 del 28 de noviembre de 2012 y confirmado por Resolución 00852 del 1 de marzo de 2013, para que los gremios devuelvan la deuda que ya para ese momento iba en 34.883 millones 634 mil 900 pesos.
El periodista y analista económico y político, Jorge Vergara Carbó, ha interpuesto solicitudes de información ante la Aerocivil, en seguimiento al pago de estos dineros.
Quiénes están en la lista de deudores
De la información recopilada en la Aerocivil se desprende que la deuda ahora supera los 170.000 millones de pesos y de acuerdo con el mandamiento de pago 819, la misma está a cargo, entre otras, de las siguientes personas jurídicas y naturales:
– Aeropuertos del Caribe S.A. -Acsa-, 35.823.364.900.
– Liberty Seguros, 1.958.238.263.
– Fernando Arteta García (fallecido), $5 millones.
– Organización Terpel S.A., $5 millones.
– Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla, $5 millones.
– Aeropuerto de Barranquilla S.A., $285 millones.
– Área de Desarrollo Internacional S.A., $200 millones.
– Cámara de Comercio de Barranquilla, socia con el 24,5% (Guido Nule Amín y Raúl Riveira Molinares, entre otros participantes).
“Ahora no solo los gremios no devuelven la plata sino que pretenden que les den otra concesión del aeropuerto. Cínicos. No hay sanción moral y menos penal. Esa plata es de los colombianos que ellos recibieron y no invirtieron causándole un daño grande a Soledad y Barranquilla, que hoy estaríamos recibiendo cada cinco minutos un vuelo internacional con todo el beneficio que eso significa. Los protagonistas, sin sanción penal y menos sanción moral, ya que esa dejó de existir en Barranquilla en los clubes sociales. Todos felices como si no hubiera pasado nada. Son los dueños del poder, y ahora sin moral alguna y sin arrugarse la cara montan una veeduría ciudadana para controlar las obras del aeropuerto, después que Valarcon incumpliera su contrato de remodelación, a lo mejor pensando en que les vuelvan a otorgar una nueva concesión a los gremios”, sostiene el analista Vergara Carbó.
Las obras que dejó inconclusas GAC S.A.S.
La historia se repitió con el Grupo Aeroportuario del Caribe. Al término de esta concesión, el Gobierno Nacional reseñó las obras iniciadas pero no finalizadas por GAC-SAS. Incumplimiento total.
Dentro de esas obras precisó las siguientes:
– Edificio de recepción de maletas nacionales.
– Remodelación y adecuación de instalaciones de servicios médicos aeroportuarios.
– Reforma y adecuación del edificio de Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI).
– Planta de tratamiento de agua potable (PTAP).
– Nuevo edificio de carga y vías de acceso en la Zona Única de Inspección (ZUI).
– Reposición y adquisición de equipamiento de máquinas y cintas transportadoras de equipajes.
Las obras más urgentes a realizar
Ante ello, la Aeronáutica Civil anunció que invertirá $149.673 millones con proyección a 2026, para garantizar el funcionamiento, operación, mantenimiento y mejoramiento del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz..
Recordando que la Aerocivil asumió la operación y mantenimiento de la terminal aérea mientras que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) adelanta la liquidación del antiguo contrato de concesión.
Se trata de un conjunto de obras identificadas como de alto impacto para el confort del usuario y la mejora de las condiciones de operación y prestación del servicio de transporte aéreo, entre las cuales se encuentran:
– Terminación sala de recibo de equipaje del muelle nacional.
– Terminación corredora estéril de embarque muelle internacional.
– Adecuación sala de espera muelle internacional.
– Adecuaciones en los baños del terminal de pasajeros.
– Adecuaciones de las redes hidráulicas y red contra incendios.
– Reforzamiento estructural del terminal de pasajeros.
– Mejoramiento plataformas.
– Demarcación de pistas, calles de rodaje, entre otros.
– Mejoramiento del sistema de control ayudas visuales.
– Mejoramiento del sistema de iluminación perimetral.
Adicionalmente, se tiene previsto el suministro de equipos electromecánicos como el sistema de manejo de equipaje, escaleras eléctricas, ascensor y puertas electromecánicas.
“Para la Aeronáutica Civil es muy importante que pasajeros, operadores aéreos y todos los actores alrededor del Ernesto Cortissoz, sientan la tranquilidad y la confianza de que su experiencia de vuelo será satisfactoria”, sostiene la entidad.
La sanción de Supersociedades
Dentro de este camino tortuoso no hay que olvidar la decisión de la Superintendencia de Sociedades cuando concluyó que en el concesionario se configuraba un grupo empresarial conformado por Valores y Contratos S.A. “Valorcon S.A.” en reorganización, Equipo Universal S.A., e Inversiones Milenium Azcipo S.A.S., como controlantes conjuntas de las compañías Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S. en reorganización y operadora Aeroportuaria del Caribe S.A.S.
Al decidir los recursos de reposición y apelación contra la resolución definitiva, la Supersociedades multó al concesionario con $100.000.000.
“Dentro del trámite de la investigación administrativa se identificó que Valorcon S.A. en reorganización, Equipo Universal S.A. e Inversiones Milenium Azcipo S.A.S. cuentan con una participación mayoritaria en el capital de Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S. en reorganización y Operadora Aeroportuaria del Caribe S.A.S., compañías que fueron constituidas con el propósito de servir como vehículos jurídicos para la celebración, ejecución y terminación del Contrato de Concesión y del Contrato de Operación y Mantenimiento del Aeropuerto Ernesto Cortissoz de la ciudad de Barranquilla, aunado a que las controlantes, en forma conjunta, han tenido el máximo poder decisorio dentro de la estructura societaria. Adicional al control, se verificó la existencia de unidad de propósito y dirección”, advirtió la Superintendencia.
Veeduría del yo con yo
No contentos con todo lo que ha sucedido, el Comité Intergremial del Atlántico, presidido por Efrain Cepeda Tarud, decidió inventarse una Veeduría Ciudadanía, dizque para hacerle seguimiento a las obras del aeropuerto Ernesto Cortissoz.
¡Qué casualidad! Ahora sí hay veeduría. O más bien: ¡un yo con yo!
Una veeduría retrasada en el tiempo quizás para ocultar las graves y multimillonarias omisiones de los concesionarios de turno Aeropuertos del Caribe S.A. (Acsa) y Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S.
Y ¡oh coincidencia! La primera tarea de la susodicha veeduría fue requerir al Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional para garantizar los recursos por 69.815 millones 571 mil 069 para realizar las siguientes obras:
– Mantenimiento, mejoramiento y obras complementarias de la infraestructura del lado tierra, $38.590.724.874.
– Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física del lado aire, que incluye rocería, canales y cerramiento, por $11.180.737.874.
– Mantenimiento y mejoramiento del sistema de ayudas visuales, iluminación de perímetros y sistemas complementarios, por $1.300 millones.
– Servicios de seguridad física por $18.744.108.321.
Es decir, para hacer lo que no hicieron los concesionarios, pese a los multimillonarios recursos asignados y girados por el Gobierno Nacional a los socios gremiales del Atlántico.
¿Por qué, más bien, el Intergremial presidido por Efrain Cepeda Tarud, no exige las responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales de todos las personas involucradas en este zarpazo?
¿O es que acaso lo que hicieron no merece cárcel, y no domiciliaria?
¡Tremenda ‘avionada’ la que hicieron!
Fotos: ANI – Aeropuertobaq_ -Supertransporte
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