¿Qué ha pasado con la demolición del viejo puente Pumarejo?

De los $93.378 millones que se requieren, el Gobierno del Cambio prometió $54.000 millones, pero la estructura permanece. Ante los graves riesgos, el Tribunal Administrativo ordenó el cierre inmediato.

Como un monumento a la desidia permanece la vieja estructura del puente Pumarejo que une los departamentos del Atlántico y Magdalena y de estos con el interior del país.

Mucho antes de haber sido entregado al servicio el nuevo puente, el interrogante que surgió y aún no ha sido resuelto, es: ¿qué pasará con el viejo puente?

Como los gobiernos siempre tienen a la mano la respuesta exacta para enfrentar cualquier tipo de críticas, en este caso no faltó la del anterior Gobierno en el sentido de que la vieja estructura sería demolida.

El problema fue que el nuevo puente fue puesto en servicio sin que existiera una solución técnica ni mucho menos los recursos para asumirla. Como consecuencia, el objetivo del nuevo puente no ha sido cumplido en su totalidad, como es la de contar un mayor gálibo (altura en su parte central – canal navegable) para permitir el paso de grandes embarcaciones aguas arriba, es decir, del puente pa’alla, buscando el sur del Atlántico.

Un estudio contratado por el Instituto Nacional de Vías -Invías- pareció dar la solución. Pero como todas las cosas del Gobierno dicho estudio quedó en los anaqueles estatales.

Se trata del contrato 1801, ejecutado entre el 2 de marzo de 2021 y el 14 de junio de 2022. El estudio fue contratado con el Consorcio Puerta de Oro – Empresa de Desarrollo Caribe S.A.S., y la Interventoría de la Universidad Nacional de Colombia.

Este estudio incluyó el diseño de la demolición de los pilares del puente localizados en el canal navegable. Y contempló dos fases de demolición: el tramo simplemente apoyado y el sector atirantado.

Al final, resume la inversión requerida en 93.378 millones 193 mil 388 pesos. Poco después y ante el clamor de los diferentes gremios económicos del Atlántico, especialmente del sector portuario, el 7 de mayo de 2024 el Gobierno Nacional anunció que la deconstrucción del antiguo puente Pumarejo tendría una inversión de $54.000 millones “y se hará de forma gradual y segura para no generar escombros que afecten la navegabilidad del río”, lo que también resultó otra promesa de cumbiambera.

Así, el tiempo sigue pasando “y después de más de cinco años, no existe información pública suficiente sobre las condiciones actuales de la estructura, ni sobre la implementación de medidas efectivas para mitigar los riesgos advertidos en aquel momento”.

Fue por ello que el Personero de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate Salcedo, interpuso ante el Tribunal Administrativo del Atlántico una Acción Popular a través de la cual el funcionario busca que sea demolida la abandonada estructura.

Tras admitir la demanda, el tribunal ordenó de “manera inmediata”, que el Invías debe cerrar totalmente, como “medida de carácter urgente”, el viejo puente Pumarejo que por su “gran estado de deterioro” representa un “riesgo para la comunidad” que lo utiliza para comunicarse entre Barranquilla y el corregimiento de Palermo, Magdalena.

La decisión, que les da un plazo de 45 días al Ministerio de Transporte y al Invías una vez sean notificados, la adoptó la Magistrada Carmen Rosa Lorduy González al admitir la Acción Popular presentada por el Personero Miguel Ángel Alzate, con el propósito de que la abandonada estructura sea demolida definitivamente, como lo planeó y anunció el Gobierno Nacional en diciembre de 2019 al dar al servicio el nuevo puente del mismo nombre.

Para Alzate lo que ha venido sucediendo con el abandono del viejo puente representa la “vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible (…), la defensa del patrimonio público, la libre competencia económica, y los derechos de los consumidores y usuarios”, contenidos la Ley 472 de 1998 que reglamentó las Acciones Populares y de Grupo.

La preocupación del peligro que representa la estructura surgió luego de una inspección que, en compañía de ingenieros y técnicos, encabezó el Personero Alzate, el pasado 25 de agosto, en la que evidenciaron que, por el abandono institucional, existe “un avanzado deterioro de la estructura, la presencia de ranuras y huecos en la superficie, el hurto de elementos metálicos”, así como la ausencia de mallas de protección contra eventuales caídas al cauce del río Magdalena”.

“En suma, agrega la demanda, se trata de una infraestructura deficiente y en evidente estado de riesgo, que amenaza directamente la seguridad de quienes transitan por el lugar a pie, en motocicleta, bicicleta, bicitaxis o vehículos de tracción animal, lo que configura un escenario que amerita la adopción de medidas cautelares inmediatas para proteger los derechos e intereses colectivos comprometidos”.

En los argumentos expuestos en la Acción Popular, el Personero de Barranquilla señala que “los daños estructurales evidenciados en el antiguo Puente Pumarejo (Laureano Gómez), el cual no ha recibido labores de mantenimiento, representan un riesgo inminente de desprendimiento de fragmentos que podrían caer sobre las personas que transitan por la infraestructura o bajo la misma. Esta situación se torna más grave por la presencia constante de embarcaciones de pesca que circulan en la zona, así como por la existencia de viviendas aledañas que podrían resultar seriamente afectadas ante un eventual colapso parcial o total”.

Una vez analizó las evidencias entregadas, especialmente registros fotográficos, la Magistrada Lorduy González concluyó que, con lo constatado por la Personería Distrital, “resulta evidente el riesgo que representa para la comunidad aledaña al antiguo puente Pumarejo (Laureano Gómez), el uso de la estructura, la que claramente no presenta las condiciones para su tránsito”.

“Ahora bien, adicional a las dos circunstancias reseñadas emerge que en la actualidad en los extremos del antiguo puente (…) no existe ningún tipo de cerramiento, barrera o señalización que impida su utilización”, puntualizó.

Al concluir que se cumplen los presupuestos para la medida cautelar urgente pedida por el Personero Miguel Ángel Alzate, la Magistrada ordenó al “Ministerio de Transporte y al Instituto Nacional de Vías, Invías, que de manera inmediata procedan, y atendiendo sus precisas competencias por corresponder a una infraestructura vial a cargo de la Nación, a realizar las obras y/o actividades bien necesarias para la instalación en ambos extremos del antiguo puente Pumarejo (Laureano Gómez), bien sea de barreras, barricadas, muros u otro tipo de cerramiento que impidan su tránsito ya sea peatonal o por cualquier otro medio de transporte; asimismo, deberán instalar la señalización correspondiente que indique el riesgo que representa el uso de la estructura, destacando que, ante la amenaza que representa su uso tales obras de cerramiento deberán estar culminadas en un plazo que no supere el término de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la notificación de esta providencia”.

Al admitir la Acción Popular, Lorduy González dejó para su estudio, entre otras solicitudes, la instalación de una mesa técnica, la elaboración de un estudio y las apropiaciones presupuestales para una eventual demolición.

También dejó para su análisis la solicitud de que, por los desprendimientos de la estructura, se establezca una franja de seguridad en el área de navegación debajo del puente, restringiendo el paso de embarcaciones menores (pesca artesanal, lanchas, etc.) en la zona crítica, mientras se define la intervención estructural.

Además de involucrar a la Nación, al Ministerio de Transporte y al Invías, la Acción Popular impetrada por el Personero de Barranquilla va dirigida contra la Agencia Nacional de Infraestructura, Ani; la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla; la Dirección General Marítima, Dimar; la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, Cormagdalena; la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD; los departamentos del Magdalena y Atlántico; la Contraloría Departamental del Atlántico; el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla; Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe y la Universidad Nacional.

Cabe anotar que en el proceso fue integrada la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A., contando con la posibilidad de coadyuvar las pretensiones de la demanda o en su defecto, manifestar su oposición.

Fotos: Comunicaciones Personería – @MinTransporteCo – @InviasOficial – @dkastresana @UninorteCO