Presidente Petro pretende una reforma tributaria exprés

Este martes fue radicado el Proyecto de Ley de Financiamiento, para mañana discutir el monto total.

Como una reforma tributaria exprés, con la que el Gobierno busca recaudar $12 billones, fue calificado el proyecto de Ley de Financiamiento, radicada este martes en el Congreso de la República.

Diversos sectores políticos habían anticipado la manera como el Gobierno, en cabeza del Presidente Gustavo Petro y el Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, pretenden lograr su propósito. A lo que el Presidente Petro ha señalado que si el Congreso no la aprueba, él pondría en marcha la Ley de Financiamiento por Decreto.

“Si el Congreso no aprueba el presupuesto, la Constitución dice que el Gobierno lo decreta. Como está desfinanciado se entrega al Congreso la Ley de Financiamiento, cuyo artículo principal es reducir el impuesto de renta a todas las empresas de Colombia y más a la pequeña y mediana empresa y financiamos el desequilibrio con la sobretasa al petróleo y el carbón, la tasa carbón, con el IVA a los juegos de suerte y azar, por Internet y la reducción de exenciones. Si el Congreso la rechaza, entonces recortamos el gasto público sin tocar a los pobres y el gasto social”, amenazó el Presidente Petro.

Sobre este tema el Senador Carlos Meisel se pronunció señalando que “por fin radican la tributaria. A estudiar ya que mañana (miércoles) es el debate del monto. Eso era lo que no queríamos. ¡A las carreras!”.

Por su parte, el exvicepresidente de la República, Humberto de la Calle Lombana expresó: “A ver si entiendo: si el Presidente dicta el presupuesto desfinanciado por Decreto, que puede hacerlo, y no hay Ley de Financiamiento, que es competencia exclusiva del Congreso, pues el Gobierno queda en el limbo. Lo lógico es reducir gastos”.

La Ley de Financiamiento tiene por objeto dictar una serie de normas cuya implementación conjunta permita la financiación del Presupuesto General de la Nación, “con énfasis en la reactivación económica y la acción climática y el desarrollo sostenible, en un marco de responsabilidad fiscal; incorporando medidas que contribuyan a establecer mejoras en el proceso de fiscalización y operatividad del Sistema Tributario”.

El Gobierno se fundamenta en el hecho de que a partir de 2026, el recaudo estimado por las disposiciones del Proyecto de Ley experimentará una disminución, “como consecuencia de los incentivos otorgados para mejorar la competitividad empresarial y fomentar el crecimiento económico del país”.

“En concreto, los ingresos adicionales generados por el proyecto de Ley de Financiamiento se reducirán progresivamente, pasando de $2,9 billones en 2026 a $555 mil millones en el 2030. Esta disminución resulta del compromiso del Gobierno nacional con la creación de un entorno más favorable para el desarrollo del sector productivo, a través de un esquema de tarifas marginales, junto con una reducción gradual de la tarifa del impuesto de renta corporativo. Esto reconoce que el sector privado es esencial para asegurar un crecimiento sostenido a largo plazo”, señala la iniciativa.

Precisa que las medidas contempladas en este Proyecto de Ley están diseñadas para fortalecer la economía y generar mayores beneficios fiscales en el futuro. “Esto contribuye a un desarrollo más equitativo y sostenible para todos los colombianos. De este modo, el mayor PIB generado en el horizonte de proyección (que entre 2025 y 2030 sería equivalente a 4,4% del PIB de 20242), se traducirá en una base de mayor recaudo tributario que facilitará que, en suma, las iniciativas planteadas en este Proyecto de Ley sean más que positivas en términos fiscales”.

Según el Gobierno, mantener y alcanzar este nivel de inversión respetando la sostenibilidad y acorde con las demandas del Estado Social de Derecho, requiere cuantiosos recursos públicos. 

“Es por esto, por lo que el presente Proyecto de Ley de Financiamiento, presentado en cumplimiento de lo establecido en el artículo 347 Superior, es una propuesta orientada a financiar la inversión en 2025, pero permitiendo medidas que contribuyan a la reactivación económica y que interioricen los efectos de la acción climática, apuntalando las finanzas públicas de 2026 en adelante, permitiendo sufragar gastos prioritarios que contribuyan al cumplimiento de las metas del Gobierno”.

El Proyecto de Ley está estructurado en tres secciones principales. En primer lugar, “se incluyen medidas que propenden por un incremento del recaudo, que soporte las necesidades del Presupuesto General de la Nación, a la vez que permite una reactivación económica sostenible a través de la reducción en la tarifa de renta de las personas jurídicas y la mayor inversión pública”. 

En segunda instancia, “se contemplan disposiciones encaminadas a incorporar medidas de financiamiento que reconozcan la necesidad de hacer frente a la acción climática, incorporando, por ejemplo, un ciclo verde en el mecanismo de la Regla Fiscal. Esto, junto a la anticipación del mecanismo paramétrico contenido en la Ley, fomentará la inversión pública y privada que potenciará la  apuesta de reactivación que este Gobierno le plantea al país”.

Finalmente, se incluyen disposiciones “que permiten equilibrar ingresos, y herramientas para fortalecer la fiscalización y operatividad del sistema  tributario de forma tal que se logre conjugar un conjunto de medidas que contribuyen a financiar las necesidades presupuestales en un marco de reactivación económica sostenible”.

Foto: @SenadoGobCo