De “incendiario” calificó el Consejo de Estado el tono utilizado por el Presidente Gustavo Petro Urrego para descalificar el reciente fallo que frenó el traslado de 25 billones de los fondos de pensiones privados a Colpensiones.
Según la Alta Corte, “las palabras expresadas por el Presidente de la República de Colombia en una red social de amplia difusión requieren y exigen una respuesta institucional oportuna, clara y contundente por parte del Consejo de Estado al que hoy se dirigen los señalamientos”.
En efecto, advierte que “el tono incendiario del primer mandatario no amerita ni justifica una respuesta en similar sentido, sino un ejercicio ponderado que, en defensa de nuestra Constitución, vigente y fortalecida, recuerde a todas aquellas voces que desean terminar, en vez de implementar, nuestra carta de derechos, la importancia capital que, en esta y en todas las democracias, tiene la separación de poderes”.
En su pronunciamiento, el Consejo de Estado también expresa lo siguiente: “Inquietan las manifestaciones del Presidente de la República y de otras cabezas del sector ejecutivo. La desinformación y la descontextualización de las decisiones judiciales deterioran la confianza institucional, debilitan el Estado de Derecho que el país ha construido y defendido, y se traducen en señalamientos y hostigamientos contra quienes asumen, cada día, la responsabilidad de juzgar.
La libertad de expresión, cuyo ejercicio garantiza nuestro ordenamiento y protegemos los jueces de República, no puede ser invocada para edificar mensajes que privilegian el impacto, y que no solo ponen en peligro la integridad institucional, sino que amenazan la integridad física de las personas que, al tomar decisiones con fundamento en el ordenamiento jurídico, se les pretende judicializar y se les califica como transgresoras de ese mismo ordenamiento que defienden.
Cuando los poderes se controlan, incomoda, pero la lucha contra las inmunidades del poder no puede cesar. A poderes mayores, mayores controles, a poderes desbordados, controles efectivos e inmediatos. El control judicial de los actos del poder ejecutivo no es un obstáculo para la democracia, es una de sus principales garantías. La existencia, competencias y legitimidad del Consejo de Estado se derivan de la misma Constitución Política, esto es, provienen, directamente, de la voluntad del poder constituyente que hoy se invoca”.
El fallo del Consejo de Estado
En la aplaudida decisión del Consejo de Estado fueron suspendidos provisionalmente los efectos del Decreto 415 del 20 de abril de 2026, mediante el cual el Gobierno nacional reglamentó el traslado de recursos del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) al Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones, salvo los apartes que ya habían sido suspendidos por decisión del 28 de abril de 2026.
La decisión fue adoptada por el Magistrado Ponente de la Subsección B de la Sección Segunda, dentro de cuatro procesos acumulados al expediente principal. El despacho dio trámite urgente a la solicitud de medida cautelar al considerar que el Decreto fijó plazos muy cortos para ejecutar el traslado de los recursos, lo que podía hacer ineficaz una decisión posterior de la jurisdicción.
El despacho concluyó que el Decreto 415 de 2026 excedió la potestad reglamentaria prevista en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución, al ordenar a las administradoras de fondos de pensiones girar a Colpensiones los recursos de las cuentas de ahorro individual de los afiliados que ejercieron la oportunidad de traslado del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, cuando esa misma ley, en el artículo 24, los había destinado al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo.
Asimismo, señaló que la suspensión parcial de la Ley 2381 de 2024 por parte de la Corte Constitucional no autorizaba al Ejecutivo a modificar, mediante reglamento, el destino de dichos recursos, por tratarse de una materia reservada al legislador. Finalmente, la providencia también destacó que el propio Gobierno, mediante el Decreto 1225 de 2024, había reconocido previamente que los recursos de las cuentas de ahorro individual debían permanecer administrados por las AFP hasta la consolidación del derecho pensional o hasta la entrada en funcionamiento del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo.
Por ello, el cambio introducido por el Decreto 415 de 2026 se apartaba del esquema legal inicialmente diseñado
Traslado era ilegal: Asofondos
Por su parte, el presidente de la Asociación Colombiana de Administradores de Pensiones y Cesantías (Asofondos), Andrés Velasco, recibió con beneplácito la decisión del Consejo de Estado de suspender la totalidad de los 25 billones que el Decreto 415 del 2026 obligaba a trasladar de los fondos de pensiones privados a Colpensiones.
“Estos recursos son de vital importancia para garantizar las pensiones de los colombianos en el futuro”, afirmó.
Asofondos hizo un llamado a todos los actores institucionales a cumplir el marco legal vigente y reitera que el pretendido traslado anticipado de recursos desde los Fondos de Pensiones Privados hacia el régimen público, en los términos planteados recientemente por el Gobierno, contradice lo dispuesto por el Congreso de la República y el mismo Gobierno Nacional.
“Asofondos rechaza categóricamente la reciente expedición del Decreto 0415 de 2026, una medida que el gremio considera abiertamente ilegal y contraria al marco jurídico vigente y, sobre todo, a los intereses de los millones de trabajadores colombianos actuales, de las próximas generaciones y de la sostenibilidad del sistema pensional” concluyó.Fotos: Presidencia – Asuntoslegales.com.co – Asofondos
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