La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, confirmó la sentencia de 13 de agosto de 2025 proferida por la Sección Cuarta de la misma Corporación, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela presentada por el Instituto Nacional de Vías (Invías) contra la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico que ordenó la suspensión del cobro de la Contribución Nacional de Valorización (CNV) por el proyecto vial Cartagena – Barranquilla – Circunvalar de la Prosperidad.
Además, en esa decisión el Tribunal también le ordenó al Invías surtir el subproceso de socialización del cobro de dicha contribución en la zona de influencia de la vía, por medio del mecanismo de participación ciudadana de audiencia pública informativa, a través de un procedimiento determinado.
Tras su impugnación por parte del Invías, el Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción, por considerar que al tratarse de una tutela contra providencia judicial no se cumplía con el requisito de subsidiariedad, debido a que aún no se han resuelto los recursos de reposición y apelación contra la providencia que decretó la medida cautelar, dentro de la acción popular.
En su concepto, la Alta Corte manifestó que al encontrarse en curso dicho medio de control no podría concluirse que se agotaron todos los mecanismos de defensa existentes en el ordenamiento jurídico. Por el contrario, indicó que, como el trámite no ha culminado existe otro mecanismo de defensa judicial diferente a la tutela, en el que deben resolverse las inconformidades del actor.
El caso se origina cuando el Instituto Nacional de Vías (Invías), por medio de apoderado, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C, con el fin de que se amparara su derecho fundamental al debido proceso.
Estimó quebrantada tal garantía con ocasión del auto del 29 de mayo de 2025, por medio del cual se decretó medida cautelar en el proceso de acción popular.
En dicha decisión la corporación enjuiciada suspendió el proceso de cobro de la CNV en el marco del proyecto de infraestructura vial Cartagena–Barranquilla–Circunvalar de la Prosperidad y ordenó al Invías surtir el subproceso de socialización del cobro de dicha contribución en la zona de influencia de la vía.
El Invías afirmó que mediante la Resolución 1729 del 2023, aplicó el cobro de la Contribución Nacional de Valorización (CNV), en el Proyecto de Infraestructura Vial Cartagena- Barranquilla – Circunvalar de la Prosperidad, en virtud del Acuerdo 2 del 19 de mayo de 2023, proferido por el Consejo Directivo de la entidad. Por medio de este se autorizó la aplicación de dicha valorización, del sector transporte, según el Decreto 1625 de 20163
Indicó que en el referido acto administrativo se fijó un término de tres años contados a partir de la aplicación de la CNV para su distribución y liquidación, el cual vence el 26 de mayo de 2026.
Manifestó que, mediante la Resolución 3856 del 2024 se dispuso que se daría inicio al plan de divulgación y socialización con el fin de informar a los propietarios y poseedores de los predios localizados en la zona de influencia sobre las particularidades del proyecto. En desarrollo de este plan, el Invías asegura que realizó convocatorias a la ciudadanía, los gremios y las asociaciones comunales, ubicados dentro de la zona de influencia e implementó herramientas de información y divulgación con el fin de mantener enterada a la comunidad sobre los aspectos del proyecto.
En el marco del proceso de aplicación, distribución y socialización de la citada contribución, el Senador Carlos Manuel Meisel Vergara interpuso una acción popular contra el Invías y el Ministerio de Transporte, por la presunta vulneración al derecho colectivo a la moralidad administrativa, pues según este no existía claridad en la información relacionada con la distribución y el uso de los recursos en el proyecto de infraestructura vial. Además, de la aplicación desigual en el cobro de la CNV, la falta de diálogo y consulta con las comunidades afectadas, frente a la toma de decisiones, entre otros cargos.
En consecuencia, el actor solicitó como pretensión principal la suspensión del proceso de cobro de dicha contribución para el proyecto. Asimismo, pidió como medida cautelar que cesara el cumplimiento del acto administrativo, en el cual Invías ordenó aplicar el cobro del mencionado impuesto directo.
Sostuvo que el asunto lo conoció el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C, que mediante auto de 19 de marzo de 2025 admitió la acción popular, además de vincular por tener interés directo, a los Distritos de Barranquilla y Cartagena y a los municipios de Soledad, Malambo, Galapa, Juan de Acosta, Tubará, Piojó y Santa Catalina.
Manifestó que el Tribunal Administrativo del Atlántico llevó a cabo un análisis jurídico y probatorio detallado que evidenció la procedencia de la acción popular y la necesidad de adoptar medidas cautelares para evitar un daño irreparable a los derechos colectivos invocados.
Además, indicó que el Tribunal identificó irregularidades de fondo que justifican la intervención judicial, tales como: la ausencia de un censo predial actualizado; la falta de socialización efectiva con la comunidad potencialmente afectada; la omisión de consulta previa a comunidades étnicas desconociendo los estándares internacionales del Convenio 169 de la OIT y la variación sustancial en el objeto del proyecto, al pasar de una doble calzada a una calzada sencilla.
Reiteró que dicha corporación precisó que la suspensión del cobro de la CNV no compromete la continuidad de las obras de infraestructura, pues estas cuentan con diversas fuentes de financiación distintas al tributo suspendido y que la finalidad de la medida cautelar no es paralizar la gestión estatal, sino garantizar la protección de los derechos colectivos y evitar la imposición de una carga tributaria cuya legalidad se encuentra en entredicho.
Sostuvo que ese cuerpo colegiado no incurrió en los defectos alegados y que actuó en pleno ejercicio de su potestad jurisdiccional, que no existe perjuicio irremediable alguno, que la intervención del juez de tutela es subsidiaria y excepcional y que la medida cautelar lejos de representar un obstáculo para el interés general, constituye una garantía de respeto a los principios de legalidad y proporcionalidad tributaria, así como a la moralidad administrativa, por lo que se encuentra suficientemente motivada y ajustada a las disposiciones legales.
Por lo anterior, solicitó declarar improcedente la acción de tutela o negar el amparo solicitado, al no encontrarse acreditada la vulneración de derechos fundamentales y rechazar las medidas cautelares solicitadas, por carecer de los presupuestos constitucionales para su procedencia.
La Sala compartió la conclusión del a quo en cuanto a que se configura la improcedencia de la tutela, por no superar el requisito de subsidiariedad, dado que, la providencia del 29 de mayo de 2025, que decidió sobre la medida cautelar solicitada por Carlos Manuel Meisel Vergara, puede ser objeto de los recursos de reposición y de apelación.
“Atención le vuelven a negar la tutela al Invías con las que pretendían tumbar las medidas cautelares que suspenden el cobro de #Valorización Atención @PGN_COL y @CGR_Colombia que aquí hace rato se constituyó un detrimento patrimonial (por lo menos) y esperamos que actúen”, se pronunció Meisel Vergara poco después de conocer el fallo.
Por su parte, la Personería de Barranquilla expuso que aun cuando el accionante argumenta que la medida cautelar le genera afectaciones financieras y operativas, dichas consideraciones no cumplen con los estándares jurisprudenciales fijados por la Corte Constitucional para estructurar un daño inminente, grave, impostergable y susceptible de ser evitado únicamente mediante la tutela.
Afirmó que el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C, se ajusta a derecho y responde al deber constitucional y legal del juez de acciones populares de proteger de manera efectiva los derechos e intereses colectivos, particularmente en lo relacionado con la moralidad administrativa y la participación ciudadana.
Consideró que la medida de suspensión del cobro de la CNV y la orden de adelantar un proceso de socialización participativo encuentran respaldo en el marco jurídico aplicable, especialmente en la Ley 1819 de 2016, el Decreto 1625 de 2016, el Documento Copes 3996 de 2020, el cual reviste fuerza vinculante conforme al artículo 249 de la Ley 1819 de 2016.
Sostuvo que la actividad de socialización, lejos de ser un acto meramente informativo, constituye un componente esencial del subproceso de implementación de la CNV y debe desarrollarse de manera estructurada, continua y participativa, garantizando el acceso efectivo de las comunidades a la información y el diálogo con la administración pública.
Por lo anterior, solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela o negar el amparo por no evidenciarse vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados.
Foto: Canal Congreso
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