El Presidente de la República, Abelardo De la Espriella, dio por terminada la participación en los procesos de diálogo, espacios sociojurídicos y mecanismos de ubicación heredados de la administración anterior que no demostraron avances concretos en materia de paz, desarme o sometimiento a la justicia.
Esta medida abarca las mesas de negociación entabladas con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes; la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano; el Frente Guerrillero Comuneros del Sur, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Asimismo, concluyen los espacios sociojurídicos de conversación con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, al igual que con las estructuras criminales operantes en Medellín y el Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura.
De igual manera, se levanta la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez.
Durante el cuatrienio anterior se erogaron más de $7.000 millones destinados exclusivamente a la asignación de honorarios para voceros, representantes y negociadores, cifra que no contempla los rubros asociados a esquemas de seguridad, viáticos, zonas de ubicación y demás gastos sufragados por el erario.
El Gobierno nacional no mantendrá escenarios institucionales que sean instrumentalizados para prolongar el accionar delictivo, obtener beneficios procesales o evadir el imperio de la ley.
“En apenas un mes de gobierno cumplimos nuestra palabra: dimos por terminados todos los procesos de diálogo y espacios sociojurídicos heredados del gobierno anterior con estructuras criminales y terroristas. Durante cuatro años se gastaron más de $7.000 millones en honorarios de voceros, representantes y negociadores, mientras las organizaciones criminales se fortalecían, desafiaban al Estado y seguían golpeando a los colombianos y a nuestra Fuerza Pública. Eso se acabó”, expresó el mandatario.
Dentro de los “negociadores revocados” se encuentran Parmenio Cuéllar Bastidas, Álvaro Jiménez Millán, Feliciano Valencia y Gloria Cecilia Quiceno Valencia, “a quienes les pagaron $7.000 millones por ayudar a una falsa paz que no trajo sino terrorismo, sangre y muerte”.
“En mi gobierno los criminales no tendrán estatus político, contemplaciones ni impunidad. El mensaje es inequívoco: sometimiento a la justicia o enfrentar toda la fuerza legítima de la República. La paz verdadera se construye con seguridad, autoridad y justicia, no arrodillando al Estado ante los criminales”, recalcó.
Puntualizó que quienes expresen una voluntad real de dejar las armas deberán someterse a la justicia; en contraste, quienes persistan en perpetrar actos de violencia contra la población civil serán enfrentados con toda la capacidad legal y legítima de la Fuerza Pública.
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