¿Llegó el expropiese? Pacto Histórico promueve acabar con inversión extranjera 

Mediante Proyecto de Ley liderado por Iván Cepeda Castro. La Senadora y precandidata Presidencial, Paloma Valencia, advierte que contratos de concesión minera, licencias ambientales y contratos de exploración o explotación de recursos naturales podrían ser cancelados ‘a dedo’.

El Pacto Histórico, liderado por Iván Cepeda, radicó un Proyecto de Ley que acabaría con las empresas y la inversión extranjera en Colombia.

Así lo advirtió la Senadora y precandidata Presidencial, Paloma Valencia Laserna, al señalar que los promotores de la iniciativas, adeptos al Gobierno del Cambio, quieren que el Estado tenga la posibilidad de cancelar contratos de concesión minera, licencias ambientales y contratos de exploración o explotación de recursos naturales con base en “indicios fundados” y no con pruebas y decisiones judiciales en firme. Así, cualquier persona con “interés directo” podrá solicitar estas acciones. 

Además, pretenden sancionar a los dueños de las empresas y a las multinacionales por “violaciones a los derechos humanos”, “un concepto vago e indeterminado que se presta para todo tipo de arbitrariedades”.

“Quieren acabar con la empresa privada para que todo lo controle el Estado. Es el comunismo por la puerta de atrás”, recalcó.

Sostiene la Senadora y precandidata que los ciudadanos crean las empresas para separar su responsabilidad personal de las acciones que adelanta la compañía. Una cosa es la empresa y otra el dueño. Son dos personas distintas y cada una responde por aparte. Así funciona en Colombia y en todo el mundo.

Actualmente esa distinción, llamada velo corporativo, solo se puede romper cuando se demuestra que la empresa se usó para actos fraudulentos. Ahí el Estado puede entrar a sancionar a los dueños.

“Sin embargo, este proyecto quiere que el Estado persiga a los socios, administradores y beneficiarios de las empresas sin que la SuperSociedades tenga que probar que hubo la intención de defraudar a alguien, sino solo cuando haya “hechos verificables, múltiples o convergentes” que evidencien un uso abusivo de la empresa. Es decir, el Gobierno podría perseguir a los dueños y directivos de las empresas por cualquier hecho que consideren malo. ¡Imagínense a Petro o a Iván Cepeda con este mega poder!”, alertó.

Agregó que el velo corporativo se podría levantar, además, cuando una empresa o grupo empresarial haya sido utilizado, directa o indirectamente, para evadir, trasladar, ocultar, eludir o hacer ineficaz la responsabilidad de reparación integral derivada de graves violaciones a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, al ambiente o a derechos colectivos.

En otras palabras, el Pacto Histórico quiere que el Gobierno pueda perseguir a los dueños y directivos de las empresas por hechos tan amplios que van desde talar un árbol hasta extraer petróleo.

Es el fin de la inversión privada en Colombia.

Con eso, resaltó, quieren que las multinacionales respondan por las “violaciones a los derechos humanos” que realicen sus filiales en Colombia.

Esto implicaría que, por ejemplo, si Adidas tala un árbol que no debía, el Gobierno podría sancionar a la matriz que está en Alemania. 

También conllevaría a que los grupos económicos nacionales deban responder por lo que hace cada una de sus filiales. 

“Es algo ridículo que ninguna empresa grande va a aceptar. Es la forma de ahuyentar la inversión extranjera y expulsar la industria nacional al exterior. Sin empresa privada, abren el camino para que el Estado se apodere del mercado”, reiteró.

A renglón seguido señaló que cualquier ONG o comunidad podría pedir que se suspendan contratos de minería, petróleo, licencias ambientales o concesiones con base en “indicios fundados” de violaciones a los derechos humanos. 

Indicó que el proyecto ni siquiera exige que sea judicialmente probado un hecho irregular. Con la simple denuncia de cualquier persona bastaría para que el Estado pueda cancelar los contratos.

“Con esta reglamentación no se podría construir una sola carretera en Colombia. Se acabarían los proyectos de inversión y el sector minero-energético. Ni Cuba se atrevió a tanto”, anotó.

Afirmó que con base en las denuncias que hagan las comunidades o cualquier «defensor de derechos humanos”, la SuperSociedades y la SIC podrían iniciar procesos para cancelar contratos, suspender y cancelar la personería jurídica de las empresas o inhabilitarlos para contratar con el Estado por 10 años.

Es el negocio del siglo para las ONG que tanto se lucran saboteando el desarrollo del País.

Igualmente, el proyecto no define qué es una «violación a los derechos humanos». Cualquier actividad que no le guste al Gobierno de turno se podría suspender bajo este pretexto.

“Este proyecto acabaría con el sector privado en Colombia, expulsaría la inversión a otros países y nos condenaría a décadas de atraso, desempleo y miseria. Firmado por Iván Cepeda y promovido por el Pacto Histórico, este proyecto es un abrebocas de lo que se le vendría al País si la izquierda sigue en el poder. Es el comunismo por la puerta de atrás”, puntualizó.

Imágenes: Comunicaciones Paloma Valencia