Las autoridades siguen demostrando que para ellas la vida de la gente tiene un costo de acuerdo con la estratificación socio-económica o la condición en que se encuentre la víctima ante la sociedad.
Por esto, no deja de sorprender el hecho de que ante cualquier homicidio de alto impacto, las mismas autoridades corran ante los medios para anunciar “exhaustivas investigaciones” y millonarias recompensas, que superan hasta 10 veces el valor de aquellas ofrecidas por otros casos.
Resulta inexplicable la diferencia de las recompensas, dependiendo del rigor que las autoridades le quieran imprimir a determinados casos, dejando a un lado otros hechos igual de graves.
Es lo que acaba de suceder Gerson José Piñeres Porto, de 39 años, el policía asesinado en la cancha de fútbol del barrio Villa Katanga en Soledad, en momentos que se encontraba con familia.
Lo lamentable del caso es que no se mide con el mismo rasero de recompensas, otros hechos que han generado gran impacto en el departamento del Atlántico.
En este sentido, resulta imposible olvidar el caso de la niña Angie Paola Ortega Palma, desaparecida y asesinada en el municipio de Baranoa.
En principio la recompensa ofrecida fue de $5 millones y ante la presión de la opinión pública, cuestionando la poca o nula eficacia de las investigaciones, la misma fue aumentada a $20 millones.
Más allá de las recompensas lo que la opinión pública exige es la efectividad de las autoridades para capturar y aplicar el rigor de la ley a tanto delincuente suelto.
Lo demás no dejan de ser maquillajes de cifras.
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