El Juez Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, Jaime Roberto Angulo De Castro, amparó los derechos de acceso a la cultura, a la información pública, participación ciudadana y al control social sobre la gestión pública y patrimonio cultural de la Nación, invocados mediante acción de tutela por Patricia Lucía Iriarte Diazgranados, con respecto al manejo de los recursos y proyecto en general del Museo del Caribe.
La decisión fue adoptada al resolver la impugnación interpuesta por Patricia Lucía Iriarte Díazgranados, quien actúa en nombre propio, contra la sentencia proferida el 29 de mayo de 2026, por el Juzgado Once Penal Municipal con Función de Conocimiento de Barranquilla.
Mediante dicha providencia, el Juez de primera instancia declaró la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la solicitud de amparo de los derechos fundamentales de petición y garantías conexas invocados por la accionante dentro de la acción de tutela promovida contra la Gobernación del Atlántico y la Corporación Parque Cultural del Caribe.
Según la accionante que, el 23 de abril de 2026, presentó derecho de petición ante la Gobernación del Atlántico y la Corporación Parque Cultural del Caribe, mediante el cual solicitó información y documentación relacionada con la situación administrativa y financiera del Museo del Caribe, las gestiones adelantadas para su recuperación y reapertura, los recursos invertidos, las medidas de conservación adoptadas y las responsabilidades institucionales correspondientes.
Asegura que, la solicitud dirigida a la Gobernación del Atlántico fue radicada bajo el No. 20260500164122, mientras que la presentada ante la Corporación Parque Cultural del Caribe fue remitida en la misma fecha a través de correo electrónico.
Advierte que, al momento de interponer la acción de tutela, ninguna de las entidades había emitido una respuesta de fondo, clara, completa y congruente frente a lo solicitado.
En efecto, la Gobernación del Atlántico emitió comunicación el 13 de mayo de 2026, limitándose, según afirma, a trasladar la petición a la representante legal de la Corporación Parque Cultural del Caribe. También sostuvo que, la omisión de las entidades accionadas reviste especial relevancia debido al interés público, cultural y colectivo comprometido en la situación del Museo del Caribe y en el manejo de los recursos destinados a su funcionamiento y recuperación.
En consecuencia, pidió ordenar a la Gobernación del Atlántico y a la Corporación Parque Cultural del Caribe emitir una respuesta de fondo, clara, completa y congruente frente al derecho de petición presentado el 23 de abril de 2026, así como suministrar la información y documentación requerida sobre la recuperación y reapertura del Museo del Caribe, los recursos invertidos, las actuaciones adelantadas y las medidas de conservación implementadas.
Igualmente, solicitó exhortar a las entidades accionadas para que garanticen condiciones de transparencia y acceso ciudadano a la información relacionada con dicho bien cultural.
Es de anotar que el Despacho de primera instancia declaró la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la Corporación Parque Cultural del Caribe, al considerar acreditado que durante el trámite de la tutela dicha entidad emitió respuesta de fondo a la petición presentada por la accionante.
Por ello, Patricia Lucía Iriarte Díazgranados, en calidad de accionante, impugnó la decisión de primera instancia al considerar que, la respuesta emitida por la Corporación Parque Cultural del Caribe, no satisfizo integralmente el derecho de petición objeto de amparo, razón por la cual estima improcedente la declaratoria de carencia actual de objeto por hecho superado.
Sostuvo que, la entidad accionada se limitó a suministrar información general sobre la situación administrativa y financiera del Museo del Caribe, las gestiones adelantadas para su recuperación y las razones de su cierre, sin pronunciarse de manera concreta sobre varias de las solicitudes formuladas.
En particular, señaló que, no fueron suministrados documentos ni información detallada relacionada con los planes de recuperación y sostenibilidad, cronogramas, presupuestos, fuentes de financiación, estudios técnicos, diagnósticos, contratos, convenios, estados financieros, recursos invertidos, actuaciones de control, medidas de conservación y demás soportes requeridos.
Asimismo, afirmó que, la respuesta resulta incongruente con los compromisos asumidos por la Corporación en el Memorando de Entendimiento suscrito para la recuperación y reapertura del Museo del Caribe. Indicó que, dicho instrumento contempla la conformación de una Mesa Técnica, la elaboración de planes de recuperación y sostenibilidad, la realización de estudios especializados y la coordinación permanente entre las entidades participantes; sin embargo, la accionada omitió informar sobre el estado de ejecución de tales compromisos, los avances alcanzados, las decisiones adoptadas y los documentos que los soportan.
Adujo que, la entidad se limitó a mencionar la existencia del Memorando de Entendimiento y de esfuerzos institucionales orientados a la reapertura del Museo, sin proporcionar información verificable sobre el cumplimiento de las obligaciones allí previstas. Agregó que, pese a manifestar que no existe un cronograma definitivo para la reapertura, el Memorando contempla una hoja de ruta con actividades específicas cuya ejecución podía ser objeto de información y seguimiento.
En ese sentido, sostuvo que, la respuesta emitida no reúne las condiciones de claridad, precisión, integralidad y congruencia exigidas por la jurisprudencia constitucional, y que el Juez de primera instancia omitió confrontar el contenido de la petición con la respuesta suministrada por la entidad accionada.
Por lo anterior, solicitó revocar la sentencia impugnada y, en su lugar, conceder el amparo del derecho fundamental de petición, ordenando a la Corporación Parque Cultural del Caribe emitir una respuesta integral, completa, documentada y de fondo respecto de todas las solicitudes formuladas en el escrito radicado el 23 de abril de 2026.
Al resolver la impugnación, el Juez Tercero Penal del Circuito con funciones de Conocimiento, Jaime Roberto Angulo De Castro, sostiene que que la respuesta emitida por la Corporación, no contiene un pronunciamiento individualizado, específico y de fondo. Tampoco se advierte que la entidad hubiera explicado las razones jurídicas o fácticas que le impedían suministrar la información requerida o aportar la documentación solicitada. En efecto, la contestación se limita a exponer de manera general el contexto institucional y financiero del Museo del Caribe, así como las gestiones que, según afirma, se vienen adelantando para procurar su recuperación, sin abordar de forma concreta varios de los puntos expresamente planteados por la peticionaria.
En consecuencia, el Juez Angulo De Castro no comparte la conclusión alcanzada por el Juez de primera instancia en cuanto declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.
“Para que dicha figura tenga lugar es necesario que desaparezca íntegramente la situación que dio origen a la acción constitucional. Sin embargo, en el presente asunto subsiste la necesidad de obtener una respuesta completa y de fondo respecto de varios de los requerimientos formulados, circunstancia que impide tener por plenamente satisfecha la garantía fundamental invocada. Así las cosas, se concluye que la Corporación Parque Cultural del Caribe vulneró el derecho fundamental de petición de Patricia Lucía Iriarte Díazgranados, al no emitir una respuesta integral, suficiente y congruente frente a la totalidad de las solicitudes elevadas el 23 de abril de 2026”.
En consecuencia, “se revocará la decisión impugnada y, en su lugar, se concederá el amparo solicitado, ordenando a la entidad accionada que, dentro del término que se señale en la parte resolutiva de esta providencia, emita una respuesta complementaria, clara, precisa y de fondo respecto de aquellos requerimientos que no fueron atendidos o que fueron respondidos de manera insuficiente, de conformidad con los parámetros establecidos por la Constitución, la ley y la jurisprudencia constitucional”.
Fotos: Patricia Iriarte – Museo del Caribe
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