En otra ‘olla podría’ habría convertido el Gobierno del Cambio presidido por Gustavo Francisco Petro Urrego, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-.
Su gestión en esta entidad estaría lejos de servirle a la niñez y la adolescencia colombiana, para convertirse en fortín de intereses particulares.
Al destaparla, la Directora María Carolina Restrepo Cañavera casi ni encuentra la olla.Y se quedó estupefacta con la tapa en la mano.
“El país tiene derecho a saber qué pasó con el ICBF. Durante el Gobierno anterior, la contratación por prestación de servicios del Estado creció de manera extraordinaria. Entre agosto de 2022 y junio de 2025 pasó de 221.201 a 418.805 contratos frente al período comparable anterior, y su valor pasó de $8 a $15 billones”, precisó la funcionaria.
El ICBF no fue ajeno a ese crecimiento. En 2022 registraba 6.427 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Para 2024 llegó a tener 9.795 contratistas por prestación de servicios.
“Son cifras que exigen respuestas. ¿Para qué creció así la contratación? ¿Cuántos de esos contratos eran realmente necesarios? ¿Qué trabajo se hizo? ¿Qué resultados se entregaron? Y, sobre todo, ¿qué recibió el instituto a cambio? Ya comenzamos a averiguarlo. Estamos revisando la contratación con rigor, contrato por contrato, objeto por objeto, obligación por obligación, producto por producto. Necesidad, ejecución, cumplimiento y resultados” afirmó en su cuenta de X.
“Y queremos ser absolutamente claros, quienes trabajan, cumplen y le aportan al ICBF pueden estar tranquilos. Seguirán prestando sus servicios. Quienes no, no. También volveremos a abrirles las puertas a fundaciones y organizaciones serias, organizadas, con experiencia, trayectoria y verdadera vocación de servicio; muchas de ellas hicieron durante años un trabajo extraordinario por la niñez y las familias de Colombia y fueron desterradas durante el Gobierno pasado. Queremos a los mejores trabajando con el ICBF. No importa de dónde vengan, a quién conozcan o quién los haya recomendado. Aquí importarán la capacidad, el trabajo y los resultados”.
Manifestó que “tal vez ahora se entienda mejor la virulencia de algunos ataques. Mientras algunos se presentan en redes como defensores de la niñez, nosotros estamos empezando a tocar contratos e intereses. Y el país tiene derecho a saber si detrás de ciertos discursos estaba realmente la defensa de los niños o la defensa de otros intereses. Colombia va a saber lo que encontremos. Va a saber quién contrató, quién fue contratado, cuánto recibió, para hacer qué y qué entregó a cambio. Sin privilegios. Sin intocables. Sin esconder nada.
Y cuando encontremos hechos que puedan constituir irregularidades, serán documentados y puestos en conocimiento de la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y, cuando corresponda, la Fiscalía General de la Nación”.
Finalmente advirtió que “se acabaron los sepulcros blanqueados. El nombre de esta entidad no es una casualidad, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Estamos aquí para velar por el bienestar de la niñez, los adolescentes y sus familias. No por el bienestar de políticos, contratistas ni intereses particulares. El ICBF no es el cajero de nadie. Y quien todavía no lo haya entendido, lo va a entender. La revisión ya comenzó”.
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