Personero de Soledad, Benjamin Latorre urge el inmediato desmonte del marco regulatorio que desconoce las diferencias climáticas con otras regiones del país.
El Personero de Soledad, Benjamín Latorre Araujo, cuestionó “el impacto desproporcionado” que las Resoluciones CREG 101 120 y 101 126 de 2026 generan sobre los habitantes del municipio, advirtiendo que si bien el Ministerio Público reconoce como legítima y necesaria la finalidad de la Comisión Reguladora de garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico, promover el ahorro y prevenir el desabastecimiento energético ante el Fenómeno de El Niño, “el diseño regulatorio adoptado desconoce las diferencias geográficas y climáticas relevantes, lo cual resulta incompatible con el mandato de igualdad material propio del Estado Social de Derecho”.
Dicha normativa establece un cobro adicional automático para los usuarios que superen en un 110% su meta histórica de consumo, aplicando factores gravosos que oscilan entre 1,30 (estratos 1, 2 y 3) y 1,70 (industriales y comerciales).
De lo que se advierte que el acto administrativo impone idéntica banda neutral y metodología para todo el territorio nacional, sin establecer ninguna excepción, ajuste o corrección de naturaleza climática, térmica o regional.
“Es preciso aclarar que, en el municipio de Soledad, el mayor consumo eléctrico responde esencialmente a necesidades de ventilación, refrigeración de alimentos y medicamentos, y preservación de condiciones mínimas de habitabilidad frente a temperaturas elevadas y altos niveles de humedad sostenidos durante todo el año. Al desconocer esta realidad territorial, la regulación parte del supuesto de que todo consumo superior al umbral constituye un uso discrecional o ineficiente, castigando económicamente a hogares de menores ingresos que no tienen margen de ahorro discrecional sin poner en riesgo su salud y bienestar. En consecuencia, esta Personería solicita que la regulación incorpore criterios objetivos de diferenciación territorial, evitando imponer cargas desproporcionadas a usuarios cuya demanda energética responde a necesidades básicas de habitabilidad”, sostiene el funcionario al interponer un Derecho de Petición en Interés General ante la CREG.
Mediante esta acción se formula, como petición principal, la solicitud de revocatoria directa parcial de las Resoluciones CREG 101 120 de 2026 y 101 126 de 2026, conforme al artículo 93 del CPACA; y, de manera subsidiaria, se solicita el inicio de una actuación administrativa regulatoria para evaluar su modificación.
Asegura el Personero que la solicitud se fundamenta de manera principal en la causal primera del artículo 93 del CPACA, esto es, “por ser dichos actos manifiestamente opuestos a la Constitución Política, al quebrantar el principio de igualdad material (artículo 13 superior) y la finalidad social de los servicios públicos, al imponer un mecanismo regulatorio uniforme de cobro adicional sobre consumos que, en la Región Caribe, responden objetivamente a necesidades básicas de habitabilidad derivadas de las condiciones climáticas del territorio”.
Precisa que lo que se pretende es que corrija por la propia CREG, advirtiendo la clara vulneración constitucional y que se revoque directamente la regla lesiva o, de manera subsidiaria, se modifique la normativa, incorporando un tratamiento diferencial, justificado y paramétrico para el municipio de Soledad y las zonas de alta carga térmica de la Costa Caribe.
Argumenta que el artículo 13 de la Constitución Política no se agota en la proscripción de la discriminación, sino que exige al Estado adoptar medidas para que la igualdad sea real y efectiva, reconociendo las diferencias relevantes.
“La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha decantado de manera pacífica que el mandato de igualdad se vulnera tanto cuando se discrimina a quienes son iguales, como cuando se somete a un trato normativo idéntico a sujetos que se encuentran en situaciones materialmente disímiles. En la Región Caribe, el consumo energético destinado a la ventilación y refrigeración constituye una necesidad vital, primaria e insustituible de habitabilidad, directamente orientada a preservar los derechos fundamentales a la vida y a la salud, y de ninguna manera un consumo superfluo, de lujo o ineficiente”.
El Personero reitera que las temperaturas extremas y los elevados niveles de humedad característicos de la Región Caribe generan condiciones ambientales que incrementan el riesgo de afectaciones a la salud, especialmente en personas mayores, niños y pacientes con enfermedades crónicas, al favorecer crisis hipertensivas, eventos cardiovasculares y otras descompensaciones fisiológicas.
En ese contexto, el consumo de energía destinado a la ventilación y la refrigeración constituye una necesidad básica de habitabilidad, indispensable para preservar condiciones adecuadas de salubridad y proteger los derechos fundamentales a la vida, la salud y la dignidad humana.
En consecuencia, “el esquema regulatorio no puede imponer un cobro adicional sobre un consumo que responde objetivamente a las condiciones climáticas del territorio, pues ello trasladaría una carga desproporcionada a hogares que carecen de un margen real de reducción del consumo sin comprometer su bienestar”.
En este sentido señala que asumir que la “mediana de los consumos históricos” resuelve por sí sola esta diferencia territorial constituye una premisa técnicamente insuficiente; pues si bien el historial fija un punto de partida individual, no neutraliza la brecha estructural en la capacidad real de ahorro, ni compensa los picos de calor extraordinarios cuya ocurrencia resulta completamente ajena al control del usuario.
“El régimen constitucional y legal de los servicios públicos domiciliarios exige que la regulación tarifaria observe los principios de eficiencia, neutralidad, solidaridad y equidad.
La neutralidad no implica uniformidad absoluta, sino igualdad entre usuarios ubicados en condiciones equivalentes. Las condiciones climáticas de la Región Caribe no son asimilables a las del interior del país, lo cual incide de manera directa en la demanda base que el sistema debe atender. Al aplicar un mismo umbral regulatorio a territorios con cargas térmicas sustancialmente diferentes, el regulador desconoce el principio de neutralidad previsto en el Régimen Tarifario. (art. 87 de la Ley 142 de 1994 y Ley 143 de 1994)”, puntualiza
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