La precandidata Presidencial, Paloma Valencia, denuncia que le compró 221 predios a la Unidad de Víctimas por $229.256 millones, presuntamente sin tener autorización legal y desacatado un fallo de la Corte Constitucional. Los predios eran de predominantes jefes paramilitares. ¿Qué hay detrás de esta extraña operación?
Un nuevo escándalo de corrupción y de abierto favorecimiento a los exjefes de organizaciones criminales, sacude a la Agencia Nacional de Tierras -ANT- y que, bajo la directa complacencia del Presidente del Gobierno del Cambio, Gustavo Petro Urrego, de manera inexplicable fueron designados como “gestores de paz”.
Es decir, de tenebrosos criminales pasaron a convertirse, de la noche a la mañana, en una mansas palomas de paz,sin que existiera justicia, paz ni reparación para ellos, tales como Salvatore Mancuso.
En esta ocasión la Senadora y precandidata Presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, denunció que la Agencia Nacional de Tierras -ANT- le compró 221 predios a la Unidad de Víctimas por $229.256 millones presuntamente sin tener autorización legal.
Con esa artimaña, la ANT habría desacatado un fallo de la Corte Constitucional y el Gobierno ahora quiere correr y enmendar el error con un Decreto de última hora.
Estos predios eran de predominantes jefes paramilitares, varios de los cuales fueron designados gestores de paz por el Gobierno Petro. ¿Qué hay detrás de esta extraña operación?
Paloma Valencia precisó que la Ley 975 de 2005 creó el Fondo de Víctimas. Allí ingresaron los bienes que entregaron los paramilitares desmovilizados y los predios sobre los cuales la Fiscalía inició procesos de extinción de dominio. Cuando el Juez declara mediante sentencia que el predio es ilegal, la Unidad de Víctimas, como administradora del Fondo, lo puede vender y utilizar ese dinero para reparar a las víctimas.
Mientras termina el proceso, los bienes quedan con medida cautelar a cargo de la Unidad. Es decir, el dueño no los puede vender.
Explicó que el inciso 2 del numeral 3 del art. 61 del Plan Nacional de Desarrollo permitió que la ANT le comprara a la Unidad de Víctimas los bienes de procesos de extinción de dominio que tienen medida cautelar. Algo que nunca se había aplicado, dado que implica disponer de un predio que todavía no es propiedad de la Unidad.
Con base en ese artículo, la ANT y la Unidad de Víctimas suscribieron el contrato interadministrativo ANT202413098 del 6 de noviembre de 2024 para transferir esos bienes por $410.000 millones.
Sin embargo, la Corte Constitucional el 23 de abril de 2025 tumbó ese inciso, lo cual impedía automáticamente que se realizara cualquier compraventa entre estas dos entidades de bienes con medida cautelar.
El 31 de marzo de 2025 la ANT y la Unidad de Víctimas acordaron la venta de un bloque de predios.
No obstante, recalcó, a pesar que la Corte tumbó ese inciso el 23 de abril de 2025, ambas entidades modificaron la promesa de compraventa el 7 de junio de 2025 y acordaron transferir 259 predios de la Unidad de Víctimas, de los cuales solo 26 tenían sentencia (se podían vender) y 221 tenían medida cautelar (NO se podían vender).
Los 221 predios que la ANT compró presuntamente sin sustento legal le habrían costado $229.256 millones.
Seguidamente, el 8 de julio de 2025 la ANT autorizó un primer pago de $164.000 millones a la Unidad de Víctimas por estos predios, el cual se hizo efectivo el 30 de julio de 2025. 3 meses después que la Corte tumbó el artículo que autorizaba esta operación.
Al darse cuenta del error tan grande que cometieron, el Gobierno salió corriendo a expedir un Decreto para revivir la posibilidad de vender predios con medida cautelar a la ANT, alegando que eran difíciles de administrar.
“Pero, de nuevo, se equivocaron. Vía Decreto no podían revivir esta figura. El Gobierno usurpó las facultades del Congreso e intentó legislar para salvar la presunta compra ilegal de predios que realizaron.Uno de los últimos inventos de Montealegre antes de renunciar”, expresó.
¿Qué hay detrás de esta operación?
¿Por qué el Gobierno asume un riesgo jurídico y fiscal tan grande al comprar unos predios sin tener sustento legal y en claro desacato de la Corte Constitucional?
¿Y por qué tratan de salvar esa transacción a las patadas con un Decreto que claramente el Consejo de Estado va a tumbar?
Según Paloma Valencia, buena parte de estos predios que compró la ANT eran de jefes paramilitares que el Gobierno Petro designó como Gestores de Paz en septiembre de 2025.
Estas presuntas irregularidades se suman a los alarmantes hallazgos que ha encontrado la Contraloría en la ANT.
– Compra de predios a pesar que estaban invadidos y no se podían adquirir.
– Frente a OPS durante 2024: no publicaron los contratos en el Secop, hay falencias en los informes de supervisión, demoras en los pagos, pago de obligaciones no soportadas
– Frente a Baldíos en 2024: inconsistencia en el inventario del Fondo de Tierras, pago de predios sin actualización catastral, demoras en la adjudicación que abren la posibilidad a invasiones, presuntos sobrecostos, inconsistencias en el uso del suelo
“Hay más de 20 investigaciones en curso en el ente de control por irregularidades en la ANT. Solicito que la Contraloría General de la República le ponga la lupa a esta “exótica” operación que compromete más de $229.256 millones en presuntas compras ilegales”, puntualizó Paloma Valencia.
Foto portada: pantallazo @Danielbricen
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