En medio del proceso de intervención en que se encuentra por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos -Superservicios- y de la amenazante liquidación anunciada por el Presidente Gustavo Petro Urrego, la empresa Air-e Intervenida enfrenta ahora un escandaloso que daría pie para un grave y multimillonario hecho de corrupción.
La situación fue denunciada por la excandidata presidencial, Paloma Valencia, en torno a la convocatoria 047/81101226T1, mediante la cual se pretende contratar los servicios de interventoría administrativa, técnica, ambiental, jurídica, social, financiera y contable, para la ejecución de proyectos de normalización eléctrica, incluyendo sistemas de autogeneración a menor escala, con recursos del programa Prone 002-2025, asignados por el Ministerio de Minas y Energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
“Cambios de última hora en una convocatoria pública de Air-e Intervenida con recursos del Ministerio de Minas y Energía generan serias dudas sobre transparencia y manejo de dineros públicos”, manifestó Valencia.
Se trata de un paquete de 24 proyectos, de los cuales 8 en Atlántico, 3 en Magdalena y 13 en La Guajira, para los cuales fueron asignados $97.116.824.022, sin incluir los costos de Interventoría cuya contratación es materia de cuestionamientos.
Según la también excongresista, dos días antes del cierre del proceso, Air-e expidió una Adenda que modificó aspectos estructurales de la convocatoria:
– Cambió los requisitos de experiencia.
– Alteró completamente el esquema de pagos.
– Modificó las condiciones de las garantías.
– Cambió el cronograma.
Cuando se trata de recursos públicos los cambios deben tener justificación.
“El 11 de junio de 2026, Air-e S.A.S. E.S.P., intervenida por el Gobierno Petro abrió la Convocatoria Pública de Ofertas No. 047/81101226T1 para contratar la interventoría de proyectos de normalización de redes eléctricas financiados con recursos del Programa Prone 002-2025. Y dos días antes de su cierre altera todo, sin explicaciones claras”, insistió.
Precisó que uno de los cambios más graves tiene que ver con la forma de pago. La convocatoria original establecía:
– 60% mediante pagos mensuales.
– 40% por avance de obra sujeto a hitos de ejecución.
Sin embargo, la Adenda lo modificó para entregar la plata como anticipo, (sin que se haga nada):
– 50% de pago anticipado.
– 30% mediante pagos mensuales.
– 20% por avance de obra.
“Es decir, la mitad del contrato se pagaría por anticipado, antes de ejecutar algo. ¿Qué análisis técnico y financiero justificó este cambio de última hora? ¿Quién lo autorizó?”.
También reveló que se endurecieron los requisitos de experiencia.
“La convocatoria original exigía acreditar experiencia en proyectos del sector eléctrico. Sin embargo, la Adenda No. 1 del 24 de junio de 2026 introdujo simultáneamente tres modificaciones:
– Restringió la experiencia a proyectos Prone.
– Exigió acreditar al menos un contrato relacionado con AGPE (Autogeneración a Pequeña Escala).
– Aumentó el valor mínimo de experiencia de 3.500 a 3.890 SMMLV, es decir, 390 SMMLV adicionales, un incremento del 11,14%.
Pareciera un acomodo para beneficiar específicamente a un contratista, evitando la competencia de otros”.
Además, recalcó, la Adenda incluye una recomendación expresa para contratar los servicios de un corredor de seguros específico: Correcol S.A.
El documento no solo menciona la empresa. Incluye:
– El nombre del ejecutivo responsable.
– Dos correos electrónicos.
– Dos números de celular.
No es normal que un acto administrativo de una convocatoria pública señale de forma tan concreta a un intermediario privado.
En el documento claramente se establece que el contratista debe entrar en contacto con Corredores Colombianos de Seguros -Correcol S.A.-, con el cual se tienen definidos los términos de las pólizas bajo el programa de Administración de los Riesgos de la Contratación y, más específicamente, dialogar con su vocero Jaime García Maldonado.
Es, ni más ni menos, que un típico “contrato sastre”, hecho a la medida de un determinado proponente.
“Estamos hablando de recursos públicos del Ministerio de Minas y Energía que deben destinarse a mejorar el servicio eléctrico, especialmente en la Región Caribe. Estas modificaciones sustanciales a dos días del cierre de una convocatoria, son alarmas que no se pueden ignorar. La obligación de los organismos de control y de la ciudadanía es cuestionar esta convocatoria”.
Por ello, puntualizó, “Exigimos respuestas claras: ¿Quién ordenó estos cambios de última hora? ¿Con qué estudios técnicos y financieros se justificaron? ¿Cuál es el sustento para recomendar de forma tan específica a un corredor de seguros en un documento oficial? Los colombianos tienen derecho a saber, porque todo apunta a un nuevo escándalo de corrupción”.
Imágenes: Paloma Valencia
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