El Departamento de Prosperidad Social, el que más se ‘despachó’ con la acelerada firma de contratos, 24 horas antes de entrar en vigencia la Ley de Garantías.
Tal como ocurre con muchas normas jurídicas, cuya correcta y transparente aplicación no es aplicada de manera honesta, la Ley de Garantías Electorales (Ley 996 de 2005) no podría ser la excepción.
Con su aplicación también opera aquello de que “hecha la Ley, hecha la trampa”. No hay Ley que no tenga una válvula de escape que de manera intencional u omisiva haya dejado abierta el legislador para evadir el marco jurídico por la ‘vía del strike’.
Es, ni más ni menos, uno de los tantos saludos que recibe la bandera con una Ley que, antes de brindar Garantías Electorales, es utilizada por quienes ostentan el poder, para amarrar multimillonarias contrataciones que de alguna u otra forma permiten financiar campañas políticas.
Y aquí cabe también aquello de ‘yo te ayudo y tú me ayudas’, donde entran en juego personajes asociados a las contrataciones que aportan dineros para las campañas y después reciben las retribuciones con el elegido.
Esto no es nuevo, ni mucho menos un invento. Es la purita realidad de lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en Colombia con los procesos electorales, tanto pre como post.
$6,1 billones en un sólo día
En esta oportunidad la Contraloría General de la República (CGR), a cargo de Carlos Hernán Rodríguez, alertó esta semana sobre lo ocurrido en la víspera del cierre para acogerse a la Ley de Garantías.
Según el ente fiscal, hubo una concentración inusual de contratación interadministrativa registrada el 7 de noviembre de 2025, último día antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales. Ese día se comprometieron $6,1 billones, equivalentes al 68% del total contratado en la primera semana de noviembre.
El hecho fue detectado como parte del Modelo Analítico de Seguimiento Preventivo — presentado oficialmente el 10 de noviembre de 2025—en el cual se analizó la información reportada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) entre el 1 y el 7 de noviembre de 2025, donde se identificó un comportamiento contractual atípico y altamente concentrado.
La Prosperidad en la contratación
En efecto, de acuerdo con la CGR durante los primeros siete días del mes se comprometieron $9,0 billones, una cifra que supera ampliamente los niveles históricos de contratación mensual observados en 2025.
De este total, el 7 de noviembre, último día antes del inicio de las restricciones electorales, se suscribieron $6,1 billones, es decir, el 68% de toda la contratación registrada en la semana. Solo este día representa 2,9 veces el promedio mensual registrado entre enero y agosto de 2025 ($2,1 billones), lo que equivale a un incremento del 190% frente al comportamiento histórico previo.
Esta concentración atípica en una sola fecha constituye un indicador crítico de fallas en la planificación y posibles aceleraciones contractuales asociadas al cierre preelectoral.
De acuerdo con la información recogida por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), el Departamento de Prosperidad Social fue la entidad que tuvo mayor concentración de contratación, con $770 mil millones que equivalen al 8.5% del total de la contratación del Estado. En lo que respecta a los contratos en los departamentos, la entidad se encuentra realizando el análisis de los datos para determinar el valor en cada región.
Contrataciones típicas electorales
La Diari, en articulación con la Contraloría Delegada de Gestión Pública e Instituciones Financieras, adelanta un seguimiento exhaustivo y permanente sobre la caracterización de todos los contratos suscritos durante los meses de septiembre, octubre y los primeros siete días de noviembre, analizando su comportamiento agregado por valor contratado, entidades ejecutoras, modalidades y objetos contractuales.
Este ejercicio permitirá identificar con precisión operaciones sensibles —como actividades logísticas, eventos, suministros y otros tipos de contratación susceptibles de incrementarse en época preelectoral— con el fin de anticipar riesgos, emitir alertas tempranas y garantizar que los recursos públicos no sean comprometidos en contravención de la Ley de Garantías ni destinados a fines distintos al interés general.
¿Multimillonarias contrataciones dirigidas?
Foto: Comunicaciones CGR
Fuente Cuadro 1: SECOP – Vigencia del 1 de enero al 7 de noviembre de 2025.
Fuente Cuadro 2: SECOP – Vigencia del 1 al 7 de noviembre de 2025.
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