La JEP se burla de los colombianos condenando a cabecillas de las FARC a sembrar arbolitos y montar viveros. Les otorgó impunidad: ni cárcel, ni reparación. La sentencia borra las acciones penales contra el grupo criminal y los delitos de lesa humanidad quedaron engavetados por la Justicia Especial.
El Centro Democrático se fue duro y directo contra el expresidente Juan Manuel Santos, por su papel en el acuerdo con las FARC que hoy se refleja en la más descarada y absoluta impunidad frente a todos los crímenes cometidos por la organización guerrillera.
“Cínico, Santos. Como muchas veces lo denunciamos: los miembros del secretariado de las FARC no pagarán ni un solo día de cárcel. Usted sigue engañando al país con su acuerdo de impunidad disfrazado de “paz”, señaló el partido político al referirse al reciente fallo de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que le otorgó la impunidad a siete miembros del secretariado de las FARC..
Según el CD, las consecuencias del mal llamado acuerdo de paz firmado por Santos con las FARC se reflejan hoy en el alto nivel de los cultivos de coca, “ascenso que inició desde su negociación con los narcoterroristas de las FARC. Hoy Colombia supera las 300 mil hectáreas, ese es su legado”.
Sostiene que mientras la JEP se burla de las víctimas condenando a los cabecillas de las FARC “a sembrar arbolitos y montar viveros, usted decidió poner en el mismo nivel a los héroes de la Fuerza Pública y a los verdugos que secuestraron, asesinaron y violaron, además les regaló curules, privilegios y una justicia hecha a su medida”.
“No mienta, señor Santos. El pueblo colombiano le dijo NO en el plebiscito, pero usted, con mermelada y triquiñuelas, lo impuso a la fuerza. Esa es su herencia: coca, impunidad y la desmoralización de la Fuerza Pública. Y que le quede claro: estamos convencidos de que la tragedia que hoy vive Colombia fue el precio de su ambición por un Nobel que no merece. Santos, Colombia no olvida”.
La sentencia de la JEP está dirigida al último secretariado de las FARC-EP por la política de secuestros que extendieron por todo el país y que dejó al menos 21.396 hechos victimizantes.
Son ellos: Rodrigo Londoño Echeverri, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Álape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.
De acuerdo con la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, los cabecillas fueron declarados máximos responsables de las FARC-EP “y penalmente responsables en calidad de autores por los crímenes de guerra de la toma de rehenes y homicidios, así como de crímenes de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad, asesinatos y desapariciones forzadas. De igual manera, en calidad de autores por responsabilidad por mando fueron declarados responsables por los crímenes de guerra de tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado; y por los crímenes de lesa humanidad de tortura, esclavitud y otros actos inhumanos, cometidos por las unidades bajo su mando”.
La JEP concluyó que los exintegrantes del secretariado de las FARC-EP hicieron del secuestro una política criminal siguiendo tres patrones: financiar su organización armada, presionar al Estado colombiano para un intercambio de prisioneros y ejercer control social y territorial.
De manera contradictoria, por estos hechos, el Tribunal de Paz les impuso ocho años de Sanción Propia, “que deberán cumplir a través de proyectos restaurativos, incluidos aquellos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, actos de memoria y reparación simbólica, recuperación ambiental y desminado humanitario”.
Y las dos cerezas del pastel son las siguientes: “Con el cumplimiento de la Sanción Propia impuesta por la JEP se extinguen las penas y responsabilidades penales ordinarias de estos comparecientes por los mismos hechos.
“Frente a las indemnizaciones o reparaciones individuales, la JEP aclara que no hacen parte de su competencia y que no puede ordenar pagos económicos ni a comparecientes ni a entidades públicas. Esa responsabilidad corresponde a las instituciones del Estado encargadas de la reparación administrativa”.
Es decir, la mal llamada “paz total” fue cambiada por la impunidad total.
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