Argumentando que una acción de desalojo como la que tiene programada para este jueves la Sociedad de Activos Especiales SAS -SAE- en el inmueble donde funciona la Iglesia Cristiana Vida Abundante, debe dirimirse ante la Justicia y no directamente como lo pretende realizar dicha entidad, el apoderado judicial, Fernando Rodríguez Bernier, solicitó la suspensión de dicha diligencia.
Según Rodríguez Bernier, la solicitud no pretende desconocer la misión institucional de la SAE ni obstaculizar la administración de bienes del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco).
“Lo que se solicita es que la recuperación de activos del Estado no se ejecute de manera mecánica, apresurada o desproporcionada cuando están comprometidos derechos fundamentales de una comunidad religiosa, sujetos contractuales identificables, bienes muebles, elementos de culto y garantías esenciales del debido proceso. La defensa del patrimonio público no riñe con la defensa de los derechos humanos. Por el contrario, en un Estado Social de Derecho, la protección del patrimonio estatal debe realizarse con mayor rigor constitucional cuando la actuación administrativa puede afectar a personas, comunidades de fe, lugares de culto y sujetos que alegan relaciones jurídicas previas”, recalcó en su solicitud.
Por ello, le solicita a la presidenta de la SAE, Amelia Pérez Parra, revisar personalmente, o por conducto del funcionario competente, la legalidad constitucional de la Resolución No. 372 de 2026 y de la diligencia anunciada, antes de que se consume un daño que podría resultar irreparable.
Más concretamente solicita:
– Que se admita y tramite el recurso de reposición, por cuanto la Resolución No. 372 de 2026, aunque haya sido denominada como acto de ejecución, produce efectos materiales, jurídicos y constitucionales directos sobre sujetos determinados, bienes muebles, contratos, tenencias, lugar de culto y derechos fundamentales.
– Que se reponga, modifique, aclare, adicione o revoque la Resolución No. 372 de 2026, en el sentido de suspender cualquier diligencia de entrega real y material, desalojo, lanzamiento, ingreso forzado, sellamiento, retiro de bienes o disposición de pertenencias, hasta tanto se garantice la notificación válida, la individualización de sujetos afectados, la entrega íntegra del expediente administrativo, la contradicción, la defensa, el inventario y la ponderación de libertad religiosa.
– Que se declare que la comunicación genérica a “ocupante(s)”, fijada en pared, puerta o área común, no constituye notificación personal ni comunicación suficiente respecto de sujetos plenamente identificables, tales como la Fundación Cristiana Latinoamericana de Colombia, la Iglesia Cristiana Vida Abundante, sus representantes, arrendatarios, tenedores, feligreses, trabajadores, propietarios de bienes muebles y terceros con interés legítimo.
– Que se declare la falta de firmeza y falta de ejecutoria de la Resolución No. 372 de 2026 respecto de quienes no fueron notificados en debida forma, conforme a los artículos 67, 68, 69 y 72 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
– Que se suspenda inmediatamente la diligencia programada para el día 7 de mayo de 2026 a las 8:00 a. m., o cualquier otra diligencia posterior con idéntico objeto, mientras se resuelve de fondo este recurso, las solicitudes subsidiarias elevadas y las acciones constitucionales o judiciales que se encuentren en curso.
Fundamentos de la solicitud
Rodríguez Bernier fundamenta la solicitud en lo siguiente:
– La SAE expidió la Resolución No. 372 del 09 de marzo de 2026, mediante la cual ordenó ejercer función de policía administrativa para la entrega real y material del inmueble ubicado en la Carrera 51B No. 94-110, Globo A, San Rafael, Barranquilla.
– La comunicación del 30 de abril de 2026 fue dirigida de manera genérica a “ocupante(s)”, sin individualizar a la Fundación Cristiana Latinoamericana de Colombia, a la Iglesia Cristiana Vida Abundante, a sus representantes, a los arrendatarios, a los tenedores, a los feligreses, a los trabajadores ni a los propietarios de bienes muebles ubicados en el inmueble.
– Según se informa, la comunicación fue fijada físicamente en una pared, puerta o área común del inmueble, sin que se hubiere surtido notificación personal ni aviso remitido a los correos, direcciones o datos de contacto conocidos o determinables de los sujetos directamente afectados.
– La Resolución No. 372 de 2026 reconoce la existencia de contratos de arrendamiento sobre locales del inmueble y hace referencia a presunta mora, terminación contractual y entrega material.
– La existencia de contratos de arrendamiento reconocidos en el propio acto impide tratar el caso como una simple ocupación clandestina, anónima o carente de toda relación jurídica. Si existe contrato, mora alegada o terminación discutida, el asunto exige debido proceso, contradicción y juez natural.
– El inmueble no corresponde a un espacio vacío o indiferente desde el punto de vista constitucional. Allí funciona o ha funcionado una comunidad religiosa, con actividades de culto, oración, congregación, formación espiritual y acompañamiento comunitario.
– La comunicación del 30 de abril de 2026 advierte que los bienes muebles no retirados podrían ser considerados abandonados o renunciados, lo cual amenaza bienes de culto, documentos, archivos, equipos, instrumentos, enseres y pertenencias de terceros.
Un caso precedente
En su escrito el Abogado Fernando Rodríguez Bernier recuerda que la Relatoría del Tribunal Superior de Medellín registra el precedente de un caso cuyo tema fue: “Debido proceso administrativo — la SAE no podía ejercer facultades policivas para recuperar el inmueble debido a la mora en el pago de cánones”.
En esa reseña se indica que el accionante alegó que la SAE terminó unilateralmente un contrato de arrendamiento por mora en cánones, sin notificación adecuada, y que la tutela cuestionó precisamente el uso de facultades policivas frente a una controversia arrendaticia.
“Ese precedente resulta altamente pertinente: si la causa real de la recuperación física se relaciona con mora, terminación contractual o restitución de un inmueble arrendado, la administración debe extremar las garantías de debido proceso y no puede convertir automáticamente al arrendatario en ocupante irregular. La SAE no puede usar la potestad de recuperación física como atajo para resolver unilateralmente una controversia que tiene base contractual. La recuperación de activos debe respetar el juez natural, la contradicción, la defensa y los procesos ordinarios correspondientes”.
Además, la Corte Constitucional ha reiterado que los procedimientos de desalojo deben observar un debido proceso estricto, incluyendo notificación e información previa, identificación de las personas afectadas, intervención de autoridades, caracterización y medidas para evitar daños desproporcionados.
Precisó que en la Sentencia SU-016 de 2021, la Corte unificó reglas sobre desalojos y garantías mínimas; y en la Sentencia T-391 de 2022 reiteró que se vulnera el debido proceso cuando no se realiza una identificación y caracterización adecuada de las personas afectadas.
No tocar el mobiliario
Por ello, argumenta, “la comunicación genérica a “ocupante(s)” no satisface ese estándar. Menos aún cuando el acto puede afectar a una comunidad religiosa, bienes muebles, archivos, documentos y elementos de culto. La SAE debe abstenerse de ejecutar la diligencia hasta tanto cuente con: 1. Notificación individualizada. 2. Caracterización de ocupantes y terceros. 3. Inventario previo. 4. Protocolo de protección de bienes. 5. Presencia del Ministerio Público. 6. Intervención de la Defensoría del Pueblo. 7. Participación de la Personería Distrital. 8. Concepto o acompañamiento de la Oficina de Asuntos Religiosos. 9. Medidas de protección de niños, niñas o adolescentes, si existieren. 10. Acta clara de custodia de bienes muebles”.
Igualmente, “abstenerse de solicitar, requerir o utilizar apoyo de la Policía Nacional, Alcaldía Distrital, Secretaría de Gobierno, Inspección de Policía, Personería, Defensoría o cualquier otra autoridad para ejecutar materialmente la diligencia mientras no se resuelva este recurso y sus solicitudes subsidiarias”.
Finalmente, requirió a la SAE, “abstenerse de declarar abandonados, retirar, trasladar, disponer, destruir, donar, chatarrizar o entregar a terceros bienes muebles, documentos, archivos, equipos, elementos religiosos, instrumentos, mobiliario o pertenencias ubicadas dentro del inmueble”.
Fotos: SAE
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