Canal del Dique: Petro lo enterró y De la Espriella lo ‘resucitó’

Lo primero que hizo Gustavo Francisco Petro Urrego al llegar a la Presidencia de la República, fue bloquear y enterrar todo lo que tuviese aroma a Región Caribe.

En la práctica lo que evidenciaba su comportamiento contra la Región era un ensañamiento endemoniado con esa actitud sepultó importantes iniciativas que de realizarse lo que dejan son beneficios para la comunidad en general.

Petro es el típico pseudo gobernante que ni hace ni deja hacer. Todo es a conveniencia propia. Con un ego que él mismo pone de presente y le aplauden todos sus áulicos.

Por eso, al salir de la Casa de Nariño, tuvo que hacerlo por la puerta trasera debido a que nada bueno deja de legado, sino una larga estela de odio y de pésimo funcionario.

A los escandalosos casos que han sido denunciados públicamente, por generosas contrataciones e incontrolable derroche en el gasto, no hay que olvidar el grave, malicioso y malintencionado daño que pretendió hacer al enterrar el megaproyecto de restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique, con incalculables repercusiones sociales, económicas y ambientales en los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre.

Se trata del contrato suscrito el 7 de diciembre de 2022 por el representante legal de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Rafael Francisco Gómez Jiménez, con Germán De la Torre Lozano, en representación del concesionario Ecosistemas del Dique S.A.S., a su vez Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. representada por Jesús Rodríguez Robles.

Básicamente, el contrato tiene un valor de $2.752.754.253.672 y fue suscrito recién iniciado el Gobierno del Cambio, siendo Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, como rector del sector.

Sin embargo, el hecho que el contrato haya sido suscrito en el Gobierno Petro, no significaba un apoyo total al megaproyecto.

Por el contrario, lo que se fue dando fue la muerte lenta del megaproyecto y de lo que no cabe duda es que esa situación estaba orquestada desde la misma Casa de Nariño. Hasta la fecha de firma del contrato se fueron dando toda clase de barreras, incluyendo las prórrogas solicitadas por el propio Gobierno para proceder con la adjudicación.

Todo ello transcurrió hasta el 5 de diciembre de 2022 cuando se realizó sesión extraordinaria del Comité de Contratación de la Agencia Nacional de Infraestructura, donde se presentó en el orden del día la contextualización del informe de evaluación definitivo del proyecto de concesión.

Fue allí en esa sesión en la que el Comité recomendó levantar la suspensión del proceso y dar continuidad a la adjudicación del contrato y, en consecuencia, de acuerdo con el cronograma del proceso, se real¡zó la Audiencia de Apertura del Sobre Número 2 y Adjudicación el día 7 de diciembre de 2022.

Pero ahí no terminó todo. En el respectivo contrato de 304 páginas quedó claramente establecido que Cormagdalena cedió parcialmente al Concesionario, los derechos y obligaciones originados y derivados de la Resolución ANLA 1659 de 2017, modificada por la Resolución ANLA 0832 de 2018, por la cual fue aceptado “Plan Hidrosedimentológico del Proyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique».

También se estableció que «Plan de Manejo Ambiental Macro» o «Plan Macro» es la herramienta que hace parte integrante del Plan Hidrosedimentológico aceptado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA mediante las Resoluciones 01659 del 2017 y 00832 del 2018, que contiene un conjunto de obligaciones ambientales e institucionales a cargo de Cormagdalena o de la entidad que haga sus veces, encaminadas a la armonización del proyecto con diferentes instancias de planificación nacional y territorial. 

Con respecto al Plan Macro, el Concesionario tendrá bajo su responsabilidad única y exclusivamente I) La constitución de la Subcuenta Plan Macro dentro del Patrimonio Autónomo y II) La realización de los aportes de los recursos para su ejecución por Cormagdalena o por la entidad que haga sus veces, en los montos y plazos previstos en el presente contrato.

Pese a ello, la ANLA desestimó lo pactado y exigió estudios ambientales, lo cual no solamente generó una gran controversia, sino también retrasos en el megaproyecto, en momentos que se requiere avanzar con urgencia sobre los recientes acontecimientos climáticos.

Así lo entendió el Gobierno entrante en cabeza del Presidente Abelardo De la Espriella y el Ministro de Ambiente, Fabio Arjona, quienes  y de manera acertada se apartaron de la equivocada y perversa opinión de Petro y decidieron ‘resucitar’ el megaproyecto, validando nuevamente lo que ya estaba validado.

En otras palabras, el Gobierno del Tigre llegó a buena hora para salvar este megaproyecto que ya estaba hundido por Petro Urrego.