Así ‘engavetó’ Gustavo Petro el megaproyecto del Canal del Dique

Gustavo Francisco Petro Urrego pasó a la historia como el Presidente que más daño le ha causado a la Región Caribe, no solamente por no hacer absolutamente nada de beneficio para la gente sino que, además, lo poquito que estaba en marcha para ponerlo en ejecución, también lo engavetó de manera deliberada.

Lo ocurrido con la ‘congelación’ del megaproyecto del Canal del Dique, demuestra la manera como Petro se ensañó contra toda una Región de la cual él solamente se ufanaba de ser oriundo de acá (Ciénaga de Oro – Córdoba), en época electoral, buscando votos como cualquier vulgar y rastrero politiquero.

«Plan de Restauración Ambiental de los Ecosistemas Degradados del área de influencia del Canal del Dique” ha sido uno uno de los megaproyectos por los que más ha luchado la Región, porque no solamente involucra directamente a los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre, sino que también tiene sus efectos colaterales en Magdalena y Cesar.

Tiene un costo de $3.256.619.015.870 y cuenta con una financiación contrata con Sacyr Concesiones Colombia S.A.S., por valor de $2.782.754.253.672, para un plazo de ejecución de 180 meses mediante la modalidad contrato de Concesión Fluvial Alianza Público Privada (APP).

Tras ir superando los obstáculos burocráticos y cuando se pensaba que por fin se haría una realidad, apareció el Gobierno del Cambio para cambiar todo y no cambiar nada sino, por el contrario, para entorpecer todos los avances logrados.

En efecto, la ‘congelación’ de la megaobra fue argumentada por el Gobierno del Cambio en cuanto al Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto.

Esto a pesar que se había definido que correspondía al «Plan de Restauración Ambiental de los Ecosistemas Degradados del área de influencia del Canal del Dique», del que hace parte el Plan Hidrosedimentológico aceptado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA mediante las Resoluciones 01659 del 2017 y 00832 del 2018, el cual sería cedido parcialmente por Cormagdalena al Concesionario para el cumplimiento de las obligaciones de Gestión Ambiental a su cargo.

Así las cosas, el 16 de junio de 2023, Cormagdalena y el Concesionario radicaron ante la ANLA la “Solicitud Cesión Parcial de los derechos y obligaciones originados y derivados de la Resolución ANLA No. 01659 de 2017, modificada por la Resolución Anla No. 0832 de 2018, mediante la cual se aceptó el documento presentado por Cormagdalena denominado «evaluación Plan Hidrosedimentológico «Proyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal Del Dique”.

De esta manera, el Plan Hidrosedimentológico se convirtió en el instrumento administrativo de manejo y control ambiental del Proyecto, aceptado, expedido o autorizado por la Autoridad Ambiental, conforme con el cual deberán cumplirse las obligaciones de Gestión Ambiental, incluyendo, pero sin limitarse, las obligaciones establecidas en la Ley Aplicable, el Contrato y sus Apéndices. 

Sin embargo, faltaba algo con lo que muchos no contaban: la decisión del Gobierno Petro de engavetar, a como diera lugar, este megaproyecto, todo por llevar el tinte de Región Caribe.

Concretamente, el 29 de febrero de 2024, mediante Resolución N.º 000322, la ANLA decidió el trámite administrativo de cesión parcial del instrumento ambiental, negando la solicitud y determinando que el «Proyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique» requería de la elaboración y presentación de un Estudio de Impacto Ambiental – EIA, encaminado al trámite de una licencia ambiental, incluyendo aquellas obras y/o actividades que por su naturaleza necesitan dicho trámite, en el marco del Decreto 1076 de 2015.

Y el 17 de mayo de 2024, a través de Resolución N.° 000914, la ANLA confirmó la decisión del 29 de febrero de 2024.

En ese entonces la ANLA consideró que el Plan HidroSedimentológico no es un instrumento de manejo y control ambiental, Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental vigente. En consecuencia, para la ANLA, el trámite de licenciamiento ambiental era necesario para el proyecto.

La decisión de la ANLA plasmadas en las Resoluciones N.000322, 00914 y 002544 de  2024 respecto del instrumento de manejo y control ambiental, afectó el cumplimiento de la obligación contenida en la Sección 4.5 (h), del contrato, es decir, obtener los Permisos requeridos por la Autoridad Ambiental para el inicio de las Intervenciones. Inicialmente, se previó solo el trámite de cesión parcial del instrumento ambiental concedido a Cormagdalena mediante Resolución N.° 01659 de 2017. 

Sin embargo, el nuevo requerimiento realizado por la ANLA conllevó iniciar un trámite de licenciamiento ambiental que no estaba previsto y, por tanto, no se contempló en el cronograma. Esto implica que el plazo inicialmente acordado para las actividades de Preconstrucción no era suficiente para adelantar el procedimiento previsto en el artículo 58 de la Ley 99 de 1993.

La decisión de la ANLA fue calificada como una circunstancia fuera del control de las partes que afecta de forma sustancial la ejecución del Contrato en los términos previstos, y materializa riesgos.

Igualmente, la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA impactó el desarrollo normal del contrato que se traduce en la afectación de las obligaciones asociadas al instrumento ambiental aplicable al proyecto, impidiendo el cumplimiento del requisito precedente previsto en el literal h) de la Sección 4.5 del Contrato de Concesión, así como de algunas obligaciones previamente.

De acuerdo con los conceptos de las áreas, y ante el acaecimiento de un evento fuera del control de las partes que afecta de manera sustancial la ejecución del Contrato. Por tanto, se consideró imperioso y viable una modificación a los plazos previstos en el Contrato de Concesión para la realización del proyecto. Así, las partes consideraron necesario ajustar el plazo de la Fase de Preconstrucción, de manera que permitiera al Concesionario cumplir con las obligaciones del Contrato, sin modificar el plazo total del del mismo.

Con este propósito, la ANI y el Concesionario, con concurrencia de la Interventoría, adelantaron mesas de trabajo para determinar los efectos de la decisión de la autoridad ambiental y definir el alcance de la presente modificación en relación con todas las obligaciones del Contrato de Concesión. Concretamente, se revisaron las obligaciones relacionadas con el cierre financiero, la gestión predial y la gestión social asociada al proyecto, de conformidad con lo presentado por el Concesionario a través de comunicaciones de 5 de febrero y 15 de febrero de 2025.

En su momento, el ahora Ministro de Ambiente, Fabio Arjona, expresó que “insistir en exigir una licencia ambiental para un proyecto diseñado precisamente para la restauración ecológica y la mitigación del Canal del Dique es un trámite burocrático innecesario que solo ha servido para dilatar las soluciones durante cuatro años y generar sobrecostos absurdos a los colombianos”. 

También advirtió que “este ecosistema no requiere más dilaciones ni estudios desmedidos que pretenden abarcar áreas desproporcionadas; ya cuenta con un plan de restauración ambiental autorizado. Por eso, a partir de este 8 de agosto, el proyecto tendrá vía libre para iniciar su construcción sin someterse a trámites superfluos, priorizando la recuperación del territorio y el desarrollo de la infraestructura terciaria que las comunidades necesitan con urgencia”.

Y cumpliendo su compromiso y del Presidente Abelardo De la Espriella, se procedió a sacar el megaproyecto de la gaveta para, ahora sí, ponerlo a marchar como debe ser, con obras efectivamente realizadas y sin narrativas ideológicas ni demagógicas.

Fotos: Sacyr – Dumek Turbay – ANI