Hace un año el país se estremeció con el atentado contra el Senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.
A sus 39 años de edad Miguel Uribe ya se distinguía en la vida pública nacional tras su paso por el Concejo, la Secretaría de Gobierno y candidato a la Alcaldía de Bogotá, para luego ser elegido Senador de la República, por el Partido Centro Democrático, para el período 2022 – 2026.
A nivel académico, Miguel también contaba con el título de Abogado y Magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Los Andes y Magíster en Administración Pública en The Harvard Kennedy.
Su visión se visión de país y el sueño de restablecer la institucionalidad en Colombia, gravemente deteriorada durante el presente Gobierno, lo motivó a postular su nombre para la Presidencia de la República, sometiéndose a las reglas de juego establecidas por el Centro Democrático, que también contaba con las aspiraciones de Paloma Valencia, Paola Holguín, María Fernanda Cabal y Andrés Guerra.
Y estando en este proceso, hace exactamente un año, el 7 de junio de 2025, aceptando una invitación de amigos y simpatizantes se desplazó hasta el el parque El Golfito, localizado en el barrio Modelia de la Localidad de Fontibón, en la ciudad de Bogotá.
Allí fue atacado a bala frente a sus seguidores, siendo trasladado a un centro asistencial cercano y luego a la Fundación Santa Fe, en la cual permaneció hospitalizado hasta el 11 de agosto de 2025, cuando se produjo su fallecimiento debido a la complejidad de las heridas a bala recibidas.
Pero, ¿qué ha pasado con las investigaciones para establecer los directos responsables, especialmente intelectuales, y esclarecer las hipótesis que siguen sin ser absueltas, especialmente las que se dirigen hacia la Casa de Nariño?
Un retroceso en el país
De entrada, la excandidata a la Presidencia, Paloma Valencia, le rindió un homenaje “a ese gran hombre que fue Miguel Uribe, un hombre inteligente, comprometido, que daba la lucha por Colombia. Su ejemplo empieza en haber transformado el dolor del asesinato de su madre en una fuerza que quería transformar a Colombia. Su vida seguramente lo habría llevado a ser Presidente…El país que tenemos que construir es uno donde somos nosotros, con nuestro voto, los que elegimos a nuestros dirigentes y no los violentos”.
Afirmó que “hace un año, cuando le dispararon a Miguel Uribe, sentimos que el país retrocedía a los tiempos en los que hacer política podía costar la vida. Hace un año entendimos que el miedo volvía a amenazar nuestros hogares, nuestros sueños y el futuro de nuestros hijos. Pero también recordamos a un hombre que transformó el dolor de perder a su madre en fuerza para servir a Colombia”.
Enfatizó que “hoy rendimos homenaje a Miguel. A su valentía, a su legado y a la esperanza que sembró en millones de colombianos. Colombia no puede permitirse volver a ser un país donde los violentos tengan el control”.
En su mensaje, Paloma Valencia alude el terrible caso de Diana Turbay Quintero, la mamá de Miguel, quien fuese secuestrada el 30 de agosto de 1990 por la organización narcocriminal ‘Los Extraditables’, al mando del capo de las drogas y terrorista, Pablo Emilio Escobar Gaviria.
Diana fue blanco de las balas en una confusa operación, poco después que Escobar desatendió las súplicas desde distintos sectores del país, para que la liberara.
Resultados de la investigación
En el caso de Miguel Uribe Turbay, recientemente, la Fiscalía General de la Nación precisó que al entrar a la fase final de la investigación por el magnicidio del Senador y precandidato presidencial, perpetrado el 7 de junio de 2025, en el occidente de Bogotá, el Ente acusador solicitó y obtuvo siete órdenes de captura contra el denominado estado mayor de la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc y el señalado coordinador principal del crimen.
Las órdenes de captura están dirigidas a Kendry Téllez Álvarez, como posible determinador del hecho; y por línea de mando a Iván Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez; Géner García Molina, alias Jhon 40; Alberto Cruz Lobo, alias Enrique Marulanda; Jhon Jairo Bedoya Arias, alias Rusbel o Rumba; Diógenes Medina Hernández, alias Gonzalo o Chalo; y José Aldinever Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever.
A estas personas se les atribuyen los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
La operación criminal
Para la Fiscal General, Luz Adriana Camargo Garzón, lo que Miguel Uribe Turbay “no fue un acto aislado, sino el resultado de una operación criminal estructurada que involucró tanto a una red delictiva urbana contratada y que operó como outsourcing, y un Grupo Armado Organizado Residual (GAOR): la ‘Segunda Marquetalia’”.
Según la investigación, Kendry Téllez Álvarez sería el articulador y el responsable de la planeación, coordinación y financiación del homicidio, y se habría encargado de contactar a Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, a comienzos de 2025. En su momento, presuntamente puesto en contacto directo con alias ‘El Zarco’, en una reunión que programó y organizó en zona de frontera con Venezuela.
Posterior a este encuentro, Téllez Álvarez, al parecer, informó a alias El Viejo que el objetivo sería el Senador Uribe Turbay, por cuya muerte se pagaría 1.000 millones de pesos.
La labor de Téllez Álvarez habría estado mediada por instrucciones de mayor jerarquía de la ‘Segunda Marquetalia’, orientadas a generar un impacto sobre la democracia y los procesos políticos del país.
“De acuerdo con los criterios estudiados y la cantidad de inferencias y premisas que lo respaldan, así como del informe de perfilación victimológica realizado para este caso, el asesinato del doctor Uribe Turbay fue motivado por razones político-instrumentales vinculadas al ejercicio de sus funciones como Senador y precandidato presidencial de Colombia. Así las cosas, el homicidio reúne todos los criterios para definirse como un magnicidio”, enfatizó la Fiscal General de la Nación.
Procesados y condenados
En nueve meses de actividades investigativas y trabajo articulado con equipos de Policía Judicial de la Policía Nacional y del CTI, la Fiscalía ha judicializado a nueve de los señalados implicados en el magnicidio.
Estas personas se encuentran privadas de la libertad y han sido vinculadas, de acuerdo con su responsabilidad y participación individual en los hechos, por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas; y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.
Tres de los procesados están condenados mediante preacuerdo entre ellos Simeón Peréz Marroquín, el enlace entre los determinadores y la red delincuencial que ejecutó el crimen, quien fue condenado a 22 años y 4 meses de prisión; Carlos Mora González, quien realizó labores de vigilancia en el lugar del ataque y transportó a otros implicados, sentenciado a 21 años de prisión; y Katherine Andrea Martínez Martínez, quien participó en varias reuniones de planeación y se encargó de recoger la pistola tipo Glock utilizada en el atentado, condenada a 21 años y 2 meses de prisión.
Asimismo, el adolescente de 15 años que disparó contra el Senador fue sancionado de acuerdo con los parámetros del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
Cabe anotar también que según la viuda de Miguel Uribe, María Claudia Tarazona, en declaraciones para Mañanas Blu, la Fiscalía General de la Nación mantiene abierta una hipótesis que busca establecer si el magnicidio podría constituir un crimen de Estado.
Puntualizó que las autoridades tampoco descartan que detrás del asesinato existiera una estructura criminal más amplia que la inicialmente planteada.
Foto: X Miguel Uribe


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