¿A qué juega el Presidente Petro con las tarifas de energía?

Por un lado promete bajarlas y, por el otro, pretende aumentarlas. a través de un ‘corrientazo’ de Decreto express tributario de MinHacienda, Min Energía y Planeación Nacional.

En un típico jueguito de ping pong ha convertido el Gobierno del Presidente Gustavo Petro, el temas de las tarifas de energía en la Región Caribe y que ahora pretende extender a lo largo y ancho del país.

La decisiones tomadas y próximas a corto plazo, indican que los usuarios tendrán que seguir resignados a pagar tarifas caras, como en el caso de la Región Caribe, ante el fracaso total de las promesas de campaña y luego de Gobierno de Gustavo Petro Urrego.

Realmente, nada ha cambiado, solamente los nombres de Agentes Interventores que han dejado dudas en el manejo en su paso por Air-e, como recientemente sucedió con el ahora premiado Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea. Mientras que otros, como la actual Ángela Patricia Rojas Combariza, que más bien se asemeja a una figurita Panini, como ‘caramelo repetido’ en el cargo.

Como siempre ha ocurrido, por un lado el Gobierno alborota el avispero con cualquier tema o aprovecha alguna circunstancia que concentre la atención de la opinión pública nacional, para camuflar sus decisiones en contra de los intereses del pueblo – pueblo colombiano.

Es lo que viene pasando con el borrador de Decreto publicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cabeza de Germán Ávila Plazas, con el cual, de manera express se pretende revivir el cobro de la sobretasa de contribución equivalente al 20% de la tarifa de energía, para el sector industrial, lo que, indudablemente, redundadará en muchos aspectos de la economía colombiana y en materia de empleo.

La iniciativa ha generado polémica e indignación, especialmente en momentos en que los colombianos de cualquier sector de la economía ya no resisten una carga tributaria más.

Así lo considera el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras -Andeg- Alejandro Castañeda, quien recordó que esta contribución en energía electrica que pagaba todo el sector industrial quedó eliminada en el año 2010.

En esencia, esta contribución obligaba al pago de un 20% más por el valor de la energía eléctrica que se consumía. 

“El beneficio no diferenciaba entre tipos de industria. La propuesta ahora es que todos los sectores industriales, menos el manufacturero, paguen la contribución”, comentó Castañeda a través del sitio oficial de la agremiación en X.. 

En consecuencia, sectores como el agrícola, minas y petróleo, servicios públicos, comunicaciones y construcción, pagarían más por la energía.

Un ejemplo sencillo sería el de un arrocero que paga hoy $10 millones por el consumo de energía para bombeo de agua, pasaría a pagar $12 millones.

“Este gobierno en lugar de focalizar los subsidios, que tienen errores de hasta un 60%, de gente que recibe y no lo necesitan o están mal ubicados en el estrato, busca aumentar la contribución. Es decir mantener el gasto y restar competitividad al sector industrial”, advirtió.

Más bien. recalcó, el sector eléctrico debe hacer inversiones por $18 billones en generación; $12 billones en transmisión y $10 billones en distribución.

“Son inversiones que deben hacer las empresas. Para lo cual se necesitan señales claras de inversión y estabilidad jurídica”, expresó el presidente de Andeg.

Indicó que la confiabilidad del sistema eléctrico no se improvisa: requiere planeación, respaldo y visión técnica.

“Para atraer inversión al sector, la confianza es clave; con reglas claras y estables se puede impulsar un desarrollo competitivo y sostenible. Se requiere avanzar en la subasta del Cargo por Confiabilidad con la que se garantice la energía firme que requiere el Sistema Interconectado Nacional para los próximos años”, precisó.

En el mismo sentido opina el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez: “La sostenibilidad y seguridad energética no pueden depender de decisiones tardías ni vacíos en la gestión. Necesitamos una institucionalidad sólida, planeación rigurosa y ejecución oportuna de los recursos públicos para garantizar energía eficiente, de calidad y a precios justos para todos los colombianos”.

El objetivo del Gobierno Petro es tener un recaudo aproximado de $1,4 billones en promedio anual “que permitan mitigar el impacto fiscal derivado de los subsidios de energía entregados a los estratos 1, 2 y 3”.

Los Ministros de Hacienda, Germán Ávila Plazas; de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, al igual que la Directora de Planeación Nacional, Natalie Irene Molina Posso, precisan en la memoria justificativa que tal como lo menciona el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2025, “los subsidios a la energía han generado presiones en el gasto lo que ha contribuido a que el país se encuentre en una situación fiscal donde ha aumentado el endeudamiento y ha sido necesario usar la cláusula de escape de la regla fiscal por lo que el ajuste del decreto implicara un alivio parcial a la situación fiscal por la que atraviesa el país”.

En conclusión, señalan que “se evidencia la necesidad de reasignar la exención tributaria de la que habla el artículo 2 de la ley 1430 de 2010 reglamentada mediante el Decreto 2860 de 2013. Esto debido a que la Ley menciona que dicha exención tributaria debe estar orientada a los usuarios del sector industrial. Adicionalmente, este sector presenta mayores impactos en su competitividad y tiene menor capacidad de asumir una contribución del 20% sobre la tarifa de energía. Como consecuencia de esto las presiones fiscales derivadas del pago de

subsidios de energía se reducirá en cerca de $1,2 billones de pesos. Esto no solo tiene beneficios positivos para la Nación, sino que significa un mejor flujo de caja para las empresas comercializadoras, quienes son las encargadas de recoger estas contribuciones”.

En síntesis, otro golpe fuerte al bolsillo de los colombianos, especialmente para los usuarios de la Región Caribe.

Foto: @Andeg_Col – Minhacienda – Presidencia