En lo que el Interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, pretendía presentar su gestión como la gran redención, los resultados muestran exactamente lo contrario: una entidad catapultada a la quiebra, con una pérdida de $4.808.927 billones y obligaciones por $22.557.696 billones.
Es decir, la decisión adoptada mediante Resolución 2024160000003012-6 del 3 de abril de 2024, que dispuso la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a Nueva Empresa Promotora De Salud S.A. – Nueva EPS S.A., resultó peor en manos del Gobierno del Cambio.
Realmente, antes que un mejoramiento en los servicios y saneamiento de las finanzas, objetivos básicos de la intervención, lo que se ha dado desde ese entonces ha sido una sistemática quiebra, que también pudiera interpretarse como un hecho para generar el caos y luego sacar provechos políticos como “salvadores”.
Y el colapso ha sido abrupto. Las deudas con IPS por parte de Nueva EPS SA ascendían para noviembre de 2023 a la suma de $1.194.629.869.529, “poniendo en riesgo no solo la prestación del servicio a sus afiliados sino de todos aquellos usuarios de las redes acreedoras”, según argumentó el entonces Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, al momento de determinar la toma de posesión.
Los problemas rodearon la gestión del primer Interventor, Julio Alberto Rincón Ramirez, siguiéndole Luis Óscar Galvez Mateus (a quien el Presidente Petro le pidió la renuncia) y Bernardo Armando Camacho Rodríguez.
Inicialmente la toma e intervención fue fijada del 3 de abril de 2024 al 3 de abril de 2025. Y luego prorrogada hasta el 10 de abril de 2027 tras concluirse que la Nueva EPS S. A., continúo el incumpliendo las causales que la llevaron a la toma de posesión para administrar, en cuanto a las normas que regulan la prestación del servicio a la salud, “desconociendo los mandatos constitucionales de protección frente a la garantía del derecho fundamental a la salud y las condiciones de habilitación financiera (capital mínimo, patrimonio adecuado y régimen de inversiones de la reserva técnica)”.
En pocas palabras, gestión de los interventores totalmente negativa, para lo cual el Presidente Gustavo Petro decidió ponerle una cerecita al pastel: la designación del exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, como Interventor de la Nueva EPS.
Ospina radicó formalmente los estados financieros definitivos correspondientes a las vigencias 2023 y 2024, ante la Superintendencia Nacional de Salud.
Pero, ¿qué pasó con los estados correspondientes a 2025 y lo que va de 2026? ¿Cuál es el misterio? ¿Qué se pretende esconder?
Ospina cree que con la publicación de estos estados, incompletos, se “alejan los ruidos de una eventual liquidación de la entidad que asegura a más de 11.5 millones de afiliados”.
Según Ospina, en 2024, Nueva EPS registró ingresos ordinarios por $22,2 billones, mientras que el costo de prestación de servicios de salud fue de $26,4 billones. Los gastos administrativos fueron de $0,5 billones, cerca del 2,5% de los ingresos ordinarios. Para un resultado del con pérdida de $4,8 billones.
Además, al cierre de 2024, los activos ascendieron a $10,633.694 billones, los pasivos a $22,557.696 billones y el patrimonio fue negativo en -$11,924.002 billones.
También señala que en una lectura operativa, cerca de $21,9 billones corresponden a obligaciones por prestación de servicios de salud, “pero al considerar aproximadamente $8,7 billones en giros ADRES, abonos y otras partidas pendientes de aplicación o conciliación, las obligaciones asociadas a la red se estiman en alrededor de $13,2 billones, partida que es susceptible a reducir una vez se concilie y apliquen las glosas y descuentos respectivos”.
Al asumir el costo de la transparencia, la gestión de Ospina Gómez pavimenta el único camino técnico viable hacia la recuperación definitiva y la sostenibilidad operativa de la entidad, como cuidadora de vida.
«Creo firmemente que, si seguimos por este camino de la reorganización empresarial que hoy adelantamos con rigor, Nueva EPS demostrará su viabilidad absoluta y no tendría por qué ser liquidada», enfatizó el Interventor. Con esta estrategia de «quirófano financiero», la actual administración no solo asegura la transparencia de la operación, sino que avanza en el único camino técnico viable hacia la sostenibilidad del mayor asegurador del país”, sostiene el funcionario.
No obstante, la narrativa del Presidente Gustavo Petro y del Interventor, Jorge Iván Ospina, contrasta con el pesimismo de los 11.256.591 usuarios (5.574.475 hombres y 5.682.111 mujeres), que se mantienen bajo zozobra por la desatención a que han sido sometidos desde que se produjo la intervención de Nueva EPS por parte del Gobierno que está a punto de salir de la Casa de Nariño.
No en vano, en el primer semestre de este año hubo una “fuga” de 221.970 afiliados a otras EPS, ante la incertidumbre en la prestación de los servicios que genera la prestadora.
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